Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lucha sin cuartel

La violencia de género requiere más esfuerzos, recursos y el desarrollo completo de la ley

El número de mujeres muertas víctimas de la violencia de género ha descendido este año, lo que es un dato positivo que no ha de llevar a engaño. Interpretar esta reducción como resultado de la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género sería desconocer la naturaleza de este drama que hunde sus raíces en una ancestral cultura patriarcal de dominación que relega a la mujer a un papel secundario y sumiso, privándola en ocasiones de sus derechos fundamentales.

Esta misma semana en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se han conocido datos desalentadores sobre este fenómeno entre los jóvenes españoles. El 15% lo entiende en determinadas circunstancias y hay 50.000 mujeres menores de 30 años con una orden de protección, lo que demuestra que arrancar de raíz las razones que alientan el maltrato a la mujer no es una tarea sencilla de efectos a corto plazo.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha barajado la posibilidad de retirar la patria potestad a los padres condenados por violencia de género o considerar un agravante el consumo de alcohol o de drogas en un crimen machista. Además, el Tribunal Supremo tendrá que dirimir cuáles son esas relaciones de afectividad análogas a la conyugal para que un crimen pueda ser perseguido mediante esta ley. De esta manera, se evitarían sentencias como la de la Audiencia Provincial de Cantabria que ha condenado a un adolescente por amenazar y coaccionar a su ex novia, pero le ha eximido del delito de violencia de género.

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Algunos consideran que la Ley contra la Violencia de Género está sobrada de voluntarismo y deficiencias técnicas. Sin duda, como todas, es mejorable. Junto a medidas de fácil aplicación, como son las penas, las ayudas a la víctima o el establecimiento de juzgados especializados, se unen otras de complicado cumplimiento, como incorporar la igualdad en las aulas, sensibilizar a los ciudadanos o el fomento de valores igualitarios por parte de todos los actores sociales, incluidos los medios de comunicación. Pero esta ley aprobada en diciembre de 2004 ha dotado a España de una poderosa herramienta para proteger a las mujeres y perseguir los delitos cometidos contra ellas. El número de denuncias y de crímenes machistas, así como el cuestionamiento al que todavía se somete a las víctimas, demuestra que queda mucho trabajo por hacer, empezando por completar el desarrollo de la ley y por aumentar los recursos para darle cumplimiento.

El menor atisbo de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres socava los cimientos democráticos. Toda la sociedad es víctima de esta lacra. También las generaciones venideras: 800.000 niños españoles viven en hogares donde se sufre la violencia de género. No es momento de modificar leyes ni esperar milagros, sino de perseverar en la lucha y consolidar los instrumentos que aporta la norma.

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