La condena por torturas contra los Mossos llega hoy al Supremo

El Tribunal Supremo celebrará hoy la vista para resolver los recursos de las defensas contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a tres mossos d'esquadra a penas que suman seis años y siete meses de cárcel por torturar y lesionar a un detenido de nacionalidad rumana que fue confundido con un delincuente. Es la condena más dura que ha impuesto la justicia a agentes de la policía autonómica en sus 26 años de historia y el caso levantó una gran polémica hace ahora un año.

La defensas de los tres agentes argumentan en sus recursos que la Sección Novena incurrió en un error en la valoración de la prueba con relación al parte de lesiones emitido por un hospital. Ese documento constata que las lesiones sufridas por el detenido, Lucian P, de 29 años, no fueron fruto de una brutal actuación policial, sino de que era hemofílico, y que sólo sufrió una lesión en el hombro izquierdo.

La Audiencia de Barcelona, sin embargo, consideró que los agentes Manuel Farré Muñoz, Joan Salva y Jordi Perrisse propinaron al detenido "reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo", que no se identificaron cuando le detuvieron y que le pisaron la cabeza contra el asafalto cuando lo arrestaron. También declaró como probado que Perisse introdujo una pistola en la boca del detenido para que confesara un violento robo en el que resultó gravemente herida la propietaria de un establecimiento y que fue quien realizó la identificación errónea. Los golpes e insultos al detenido continuaron en la comisaría de Les Corts, según la sentencia, de donde salió unas horas después de que se descubriese el error.

Algunos agentes de los Mossos d'Esquadra filtraron hace unos días un vídeo realizado con una cámara oculta para descreditar a la principal testigo de cargo del caso. Sin embargo, la fiscalía les dio ayer un severo varapalo a los promotores "por intentar urdir un falso testimonio". Al conocerse el vídeo, la fiscalía abrió diligencias para investigar su versomilitud, pero ayer las archivó y concluye que dijo la verdad en el juicio.

La fiscalía considera que la mujer fue víctima de "una celada" tendida por el detective de la agencia Método 3, con la excusa de hacerle testificar falsamente en un juicio que esos investigadores habían inventado. En las imágenes aparece cobrando 500 euros, que luego le reclamaron a la salida, y se la tantea sin ningún éxito para que confiese si mintió en el juicio de los Mossos.