La Xunta relaja las sanciones contra quien especule con suelo industrial

La drástica relajación en las penalizaciones a las empresas que compren suelo industrial y no lo destinen a los usos y en el calendario previstos abre puertas a la especulación con el suelo así adquirido, según previenen fuentes consultadas por este periódico, tanto de la anterior Xunta bipartita como ajenas a la Administración autonómica. Esa relajación de penalizaciones fue uno de los aspectos destacados en el informe sobre la situación del suelo empresarial en Galicia presentado por Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, al último Consello de la Xunta, el pasado jueves.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Agustín Hernández, anunciaron ese día que se va a redactar un nuevo plan de suelo empresarial "para atraer empresas que aún no están y para evitar la fuga de las que tenemos". El objetivo, en dos fases (hasta 2012, la primera, y hasta 2015) es sumar a los actuales 13,7 millones de metros cuadrados la ejecución de otros 55 millones de metros, con lo que en 2015 Galicia dispondrá de 193 polígonos y un total de 68.860.934 metros cuadrados.

La Xunta acomete ese objetivo "después de estar siete meses de brazos cruzados", según denuncian fuentes de la oposición, que contrastan los más de 100 millones de euros invertidos el año pasado por el bipartito para tal fin con los 300.000 euros que ha dedicado la actual Xunta al mismo objetivo en 2009.

La cuestión primordial, ahora que la Xunta retoma el impulso en el asunto, remite sin embargo a la relajación de las condiciones que se impone a las empresas que opten a la compra del suelo que oferte la Xunta. Feijóo y Hernández lo justificaron en la necesidad de hacer más accesible la compra "mientras dure la recesión económica".

Así, y sin ánimo exhaustivo, la fianza para participar en el concurso pasa del 5% al 2% del importe de licitación, y el plazo para solicitar las licencias de edificación y actividad, de un año a dos; el pago de las parcelas será del 30% al firmarse la escritura y en tres años el 70% restante, cuando hasta ahora tenía que estar cubierto el pago completo al formalizarse la escritura. Hasta ahora se penalizaba un 20% del precio si la parcela no se destinaba al uso previsto en la adjudicación y a partir de ahora será del 5% y sólo "en el caso de que dicho aspecto fuese tenido en cuenta en la adjudicación".

Estas modificaciones, según las fuentes consultadas, propician la especulación, esto es, apalancar el suelo y esperar, con ligeros castigos, a que su precio aumente para revenderlo. Esta posibilidad convierte la iniciativa "anticrisis" de la Xunta en un asunto candente porque el suelo no se desarrolla por iniciativa privada, sino que la Administración lo expropia, lo transforma e invierte dinero público en él con un objetivo preciso de bien común, "y si eso se altera, sería escandaloso".

Tampoco sería la primera vez. Un caso llamativo, por ejemplo, es el del polígono de As Gándaras, en Porriño, que estuvo sin ocupar (y aún hay parcelas vacías) hasta que su promotora, Zona Franca, creó el colindante de A Granxa con una condición determinante que evitó la especulación: si los compradores de las parcelas no iniciaban la actividad en tres años, el suelo revertía al promotor. Zona Franca ha seguido esta política desde 1996 y fue, por citar otro ejemplo, la que aplicó al Parque Tecnológico de Vigo, ocupado por completo y donde tampoco se registró la menor especulación.

También la Xunta bipartita incluyó una cláusula de reversión del suelo si la empresa adjudicataria no lo ejecutaba en un plazo de dos años. Entre las previsiones de redacción del nuevo plan anunciado por la actual Xunta no figura ninguna alusión al respecto.