El PNV fuerza que las diputaciones estén en la redacción de la ley Municipal

La ejecutiva de Eudel decidió ayer pedir al lehendakari a través de su presidente, Jokin Bildarratz, que constituya una comisión interinstitucional formada por el Gobierno, la Asociación de Municipios y también las diputaciones para abordar la redacción del proyecto de ley Municipal. Los ejecutivos forales serán parte de esa comisión como modo de evitar problemas a posteriori con ellas.

El PSE-EE, cuyos alcaldes pidieron el miércoles la participación de Eudel en la elaboración del texto, asumió que las diputaciones estén también presentes. Tampoco habría podido impedirlo, dada su posición minoritaria en la ejecutiva. Tanto Bildarratz, como el vicepresidente, el socialista Tontxu Rodríguez, alcalde de Barakaldo, dieron por buena esa presencia. "Lo ha incluido el PNV", admitió Rodríguez, "pero tampoco viene mal", dado que fueron las diputaciones de Álava y Vizcaya las que, con sendos recursos a la Comisión Arbitral, "pararon" el proyecto de ley enviado a última hora a la Cámara por el anterior Gobierno, recordó.

Ortuzar prometió "amplio consenso" tras encallar el intento anterior

Eudel tendrá en marzo la ordenanza para las licencias de 'txosnas' festivas

"Los protagonistas son los ayuntamientos, pero es una ley de país, que cerrará nuestro entramado institucional", valoró Bildarratz. Soslayar la complejidad de éste, es decir, la fuerza de las diputaciones, llevaría "al fracaso o a la complicación". "Es bueno que desde el principio estén todas las cartas sobre la mesa. Veremos si alguien pone chinitas en el camino", advirtió. Bildarratz puso por delante que el entendimiento en la ejecutiva de Eudel, en manos principalmente de PNV y PSE, "es bueno".

Ni uno ni otro consideraron que la presencia de tantas voces en la comisión deba redundar en retrasos sobre el plazo comprometido por el Gobierno para llevar el texto al Parlamento ?el primer semestre de 2010?, o dificultades añadidas a su redacción. Eudel tiene ya un completo documento de bases, guiado por los principios de autonomía política y autosuficiencia financiera de los ayuntamientos, que ayer conoció su ejecutiva. Lo enviará a los 251 ayuntamientos y se ha dado un mes para aprobarlo en la ejecutiva. Será el que defiendan sus representantes en la amplia comisión solicitada ayer.

Paradójicamente, el hecho de que el Ejecutivo esté ahora en manos del otro partido vasco de marcada presencia municipal, el PSE-EE, puede convertirse, al igual que la situación de apuro financiero de todas las instituciones, en un factor positivo para el acuerdo que los anteriores responsables de Gobierno y diputaciones, del PNV, no lograron alcanzar. De hecho, llegaron a cruzar entre ellos graves acusaciones de deslealtad y ruptura de acuerdos comprometidos. La dirección del partido no quiso o no pudo poner paz y su dirigente Andoni Ortuzar dio por perdida la ley hace un año, con la promesa de "un amplio consenso" para el siguiente intento. Bildarratz se puso ayer mismo en contacto con el lehendakari y hará lo propio con la presidenta del Parlamento y con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, así como con las diputaciones.

Por otra parte, la ejecutiva de la Asociación vasca de Municipios acordó tener listo para marzo un modelo articulado de ordenanza que sirva a los ayuntamientos para adaptar a la Ley de Víctimas del Terrorismo sus normas sobre la instalación de txosnas en las fiestas. Los consistorios que lo precisen podrán así aprobar la ordenanza en pleno en abril, a tiempo de encarar la temporada de fiestas patronales. El objetivo, coincidieron Bildarratz y Rodríguez, es que "tengamos unas fiestas en paz". La iniciativa deriva del acuerdo que Eudel firmó con el Departamento de Interior para que los ayuntamientos extremen el celo en las bases que regulan la concesión de licencias, de modo que puedan revocarse o prohibirse en el futuro a los solicitantes que vulneren las exigencias legales. Bildarratz fue muy claro: admitió que los consistorios, entre los que figuran los de formaciones ilegalizadas, no tendrán obligación de aplicar la ordenanza. "Pero sí de cumplir la Ley de Víctimas", advirtió.