El juez Pedraz irá a Bermeo y Vigo a tomar declaración a los secuestrados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazará la próxima semana al País Vasco y Galicia para tomar declaración a los integrantes de la tripulación del atunero Alakrana, secuestrado durante 47 días por piratas somalíes en aguas internacionales del océano Índico.

Pedraz acepta así la petición formulada el miércoles por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que instaba al magistrado a llamar a declarar a las víctimas para que expliquen las circunstancias en las que se produjo el apresamiento del buque español y ante la posibilidad de que puedan identificar a algunos de los secuestradores.

El juez ha decidido, también a instancia del fiscal, abrir una pieza separada del sumario, que ha declarado secreta, para investigar la trama jurídico financiera vinculada con los secuestradores. El fiscal reclamaba que se persiguiese a los comisionistas que han intervenido en la liberación y los bufetes de abogados, alguno con sede en Londres, que hayan podido participar en las negociaciones del rescate.

Pendientes de juicio

Mientras tanto, el caso contra los dos piratas presos en España, Cabdullahi Cabduwi-lly, Abdu Willy, y Rageggesey Hassan Aji, Rageggesey Adji Haman, se encuentra ya en la Sala de lo Penal de la Audiencia pendiente de la apertura de juicio oral, aunque como se ha producido la liberación del atunero, no hay prisa por juzgarlos. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el juicio se celebrará cuando corresponda por turno dentro de la urgencia de las causas con preso que tiene la Sección Cuarta.

Los dos bucaneros se encuentran procesados como coautores de 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas. La fiscalía no ha presentado todavía su escrito de conclusiones provisionales, aunque podría hacerlo la próxima semana. No obstante, fuentes fiscales ya informaron la semana pasada que tenían previsto solicitar penas de seis años de prisión por cada delito de detención ilegal, que es el mínimo que corresponde al tipo agravado por haber exigido rescate. Esa petición no tiene en cuenta que el secuestro ha tenido una duración de 47 días, plazo muy superior a los 15 días que constituye una nueva agravante y que determinaría que la horquilla de penas se situase entre los 10 años y un día y los 15 años de prisión. Por el robo, reclamarán casi cuatro años.