La fiscalía pide al juez que investigue a los intermediarios de los piratas
El bufete que gestionó la liberación del 'Playa de Bakio' no fue perseguido
Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, instó ayer al juez Santiago Pedraz a que persiga a toda la "trama jurídico financiera vinculada con los secuestradores" del Alakrana. La fiscalía presentó ayer un escrito en el Juzgado Central número 1, que instruye el caso por el secuestro del atunero vasco, y reclamó que se abra una investigación, en una pieza separada de carácter secreto, al menos por el momento, para que se investigue a los comisionistas que han intervenido en la negociación para la liberación del buque español, así como a los bufetes de abogados, algunos con sede en Londres y otros países europeos de los que se sospecha que han cobrado por su intervención en favor de los piratas. Podrían ser acusados de complicidad en 36 detenciones ilegales.
Podrían ser acusados de complicidad en 36 detenciones ilegales
Sólo un negociador fue condenado en España, Arratibel, por el 'caso Revilla'
Es la primera vez que la fiscalía insta la persecución de los bufetes de abogados negociadores en los secuestros de barcos, ya que no se hizo en el caso del Playa de Bakio o el del Albacora IV, apresados ambos en aguas internacionales del océano Índico. El sumario por el Playa de Bakio, instruido por el juez Fernando Andreu, se encuentra sobreseído provisionalmente por falta de autores conocidos.
La persecución de los negociadores de secuestros la inició el predecesor de Pedraz en el Juzgado Central número 1, Carlos Bueren -ahora en un bufete privado de abogados-, que procesó a todos los que participaron en la mediación para el rescate del empresario Emiliano Revilla, capturado por ETA en 1988 y por cuya liberación se pagaron 850 millones de las antiguas pesetas. Bueren procesó a los que habían negociado en representación de la banda terrorista: Patxi Arratibel y el abogado José María Elosúa, y ordenó su prisión preventiva, además de la de varios etarras que retuvieron al industrial. Sin embargo, renunció a hacerlo con los que habían representado a la familia de Revilla: Iñaki Aseguinolaza, Vicente y Txomin Estrada y Rafael Aguirre.
La tramitación la realizó la Audiencia Nacional, pero el caso se juzgó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debido a que Herri Batasuna presentó a Elosúa, que se encontraba en prisión preventiva, como candidato al Parlamento vasco y resultó elegido.
La Audiencia Nacional reclamaba ocho años de prisión por colaboración con banda terrorista, pero el fiscal del Bilbao, el que luego sería fiscal del Estado, Jesús Cardenal, rebajó la petición a cuatro años. Y el Superior del País Vasco condenó a dos años al empresario Patxi Arratibel porque exigió a la familia de Revilla una garantía de 100 millones de pesetas por los perjuicios que su actuación le pudiera causar. Años más tarde, ETA le asesinó por considerar que se había quedado con 60 millones que no le correspondían, extremo que él siempre negó.
Elosúa, en cambio, a pesar de ser parlamentario de HB, fue absuelto porque según el tribunal actuó como transmisor de las exigencias de ETA, pero su actuación estuvo dirigida a evitar la muerte de Revilla y no a defender los intereses de ETA.
El juez Pedraz deberá ahora resolver la petición de la fiscalía en el sumario que sigue contra los secuestradores del Alakrana, excepto Cabdullahi Cabduwilly, Abdu Willy, y Rageggesey Hassan Aji, Rageggesey Adji Haman, los dos presos en España, puesto que para ellos ha concluido el sumario.
La fiscalía ha solicitado también que se oficie a la Comisaría General de Información para que localice a los marineros secuestrados para que se les pueda tomar declaración cuando lleguen a España.
Mientras tanto, el caso contra los dos piratas presos en España se ha elevado a la Sala de lo Penal, que ha abierto juicio oral. Ahora ya no hay prisa y la tramitación se realizará como cualquier otro asunto, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.
