El polémico límite a las ayudas sociales

Desde el próximo enero no podrá haber más de dos perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI, la antigua Renta Básica) por cada vivienda. El borrador del nuevo decreto que está preparando el Departamento de Asuntos Sociales y cuya entrada en vigor esta prevista para ese mes incluye esa novedad entre otras, como limitar la vigencia de la prestación a dos años. La consejería pretende con ello "reordenar" las ayudas para que sigan siendo sostenibles, desde el punto de vista económico y social, pero también poner límites a casos de pisos patera y falsos empadronamientos, como los que se han descubierto últimamente en Bilbao. Sin embargo, los colectivos y ONG que trabajan con personas en riesgo de exclusión social temen que el recorte deje sin ayudas sociales a cientos de desempleados que ahora las cobran de forma perfectamente legítima.

"Nadie que tenga derecho se quedará sin acceso a los recursos sociales"

El Gobierno estima que los beneficiarios pueden llegar a 70.000 en 2010

Las organizaciones temen que cientos de perceptores se queden sin ayudas

La limitación a dos perceptores no afecta a los pisos sociales de las ONG

El nuevo decreto, que desarrolla la Ley de Garantía de Ingresos aprobada por el tripartito de Ibarretxe en junio de 2008, busca replantear la distribución de unos recursos sociales que resultan limitados en un momento en que cada vez más personas solicitan acogerse a ellos. La crisis ha disparado de forma muy importante el número de solicitantes de ayudas sociales y en especial de la RGI. Frente a las 39.000 peticiones aprobadas el año pasado, que ya suponían un incremento notable con respecto a los datos de los ejercicios precedentes, cuando rondaban las 30.000, el Gobierno espera cerrar 2009 con cerca de 56.000 solicitudes aprobadas.

Estas ayudas supusieron el año pasado un gasto de 197 millones de euros. Este ejercicio se prevé destinar a las mismas 266 millones y los presupuestos de 2010 consignan una partida de 281,5 millones. Las cifras finales de 2009 y 2010 podrían incluso crecer, ya que, al ser la RGI un derecho individual y exigible, el Gobierno ación para este capítulo por medio de créditos si se encuentra con más beneficiarios de lo previsto. Asuntos Sociales estima que entre 65.000 y 70.000 ciudadanos pueden cobrar la Renta de Garantía el año entrante.

El porcentaje de fraude entre sus perceptores resulta muy bajo, recalca Pedro Sánchez Amado, nuevo director de Acción Social. Sin embargo, considera indispensable "evitar el contexto" para que éste se produzca: "Tenemos que prestigiar el sistema de atención a los desfavorecidos y evitar que genere rechazos entre el resto de la sociedad".

Una reciente inspección en Bilbao descubrió 13 pisos en que estaban empadronadas 246 personas, aunque en realidad sólo vivían 93. Se decretó la suspensión de 44 de las RGI y dos casos se remitieron al fiscal al hallarse indicios de un lucrativo negocio fraudulento: empadronar a personas que no residían allí a cambio de una comisión sobre las ayudas que cobraban.

La respuesta de los colectivos sociales, vertebrados en torno a la filial vasca de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN Euskadi) es que estos casos son excepcionales y ya se persiguen policial y judicialmente. La inquietud por el recorte a dos personas por vivienda ha presidido el diálogo entre estos colectivos y ONG y Asuntos Sociales para la redacción definitiva del decreto. "Puede crear una bolsa de personas que, al quedarse de golpe sin recursos, acudirá en masa a organizaciones como la nasa a organizaciones como la nuestra", explica un portavoz de Cáritas. Esta ONG ha pedido al Gobierno que se tenga en cuenta el ratio de habitabilidad de los pisos a la hora de fijar un límite, como se venía haciendo hasta ahora. "No es lo mismo que estén viviendo siete personas en un piso de 30 metros cuadrados que en uno de 150", añade dicho portavoz.

Colectivos como Argilan o las asambleas de parados de Bilbao opinan que la nueva redacción "va en contra de los jóvenes, las personas que comparten piso por carecer de recursos, que abandonan una vivienda por una separación o las familias inmigrantes". "Existen casos de pisos compartidos por tres, cuatro o cinco individuos que no son familia entre sí y que estarían cada uno en situación de cobrar la Renta de Garantía", apunta una mediadora social de un colectivo que trabaja con inmigrantes. Esta tipología de vivienda colectiva con varias personas en situación de solicitar la RGI se corresponde especialmente con los trabajadores extranjeros, coinciden varias ONG.

Asuntos Sociales conoce esa casuística, pero sus responsables creen que quienes se vean afectados encontrarán otras vías para acceder a las ayudas. "Nadie que tenga derecho a ellos se va a quedar sin acceso a los recursos sociales", insiste Sánchez Amado, quien añade que, en tiempos de crisis, "el sistema es necesario para todo el mundo que lo necesite, no sólo para familias monoparentales o inmigrantes". Hasta ahora los extranjeros y las madres con hijos a su cargo eran los perceptores por excelencia de esta renta (un 30% y un 56% de las solicitudes aprobadas en 2007, respectivamente). Ahora, Inserción Social teme que a ellos se sumen familias autóctonas afectadas por cierres de empresas y trabajadores a los que se les empieza a agotar el subisidio de paro.En todo caso, Sánchez Amado precisa que existirá un periodo de transición en el que Gobierno, diputaciones y organizaciones del Tercer Sector irán aplicando poco a poco los cambios. Tiempo es precisamente lo que han pedido al Ejecutivo las organizaciones que integran la red EAPN Euskadi, según explica su gerente, Cristina Larrañaga, quien confirma su preocupación por la redacción del nuevo decreto. "Es muy difícil calcularlo, pero creemos que serán centenares las personas que perderán el acceso a las ayudas".

La limitación a dos perceptores por hogar tiene una notable excepción: no afectará a los recursos sociales de las ONG. "Los límites no se aplican a alojamientos colectivos: pisos de acogida, hoteles o pensiones", detalla Sánchez Amado. Es decir, cada residente en las viviendas de acogida colectivas, gestionadas por distintas ONG y cuya finalidad es alojar a aquellas personas que sufren un mayor riesgo de exclusión social, seguirá teniendo el derecho individual a solicitar la ayuda.

Sin embargo, Larrañaga recuerda que no todos los pisos de acogida de las ONG se hallan "conveniados" con el Ejecutivo. Además, prácticas como empadronar en locales de estas organizaciones a inmigrantes que no podían acceder a un empadronamiento por no contar un contrato de arrendamiento han resultado habituales hasta ahora, según confirman fuentes del ámbitdemos el vértigo, pues es un cambio importante, pero no somos los que venimos a liderar un Gobierno de izquierdas los que vamos a recortar los derechos sociales", apostilla el responsable de Acción Social, hasta hace unas semanas trabajador social en el Ayuntamiento de Ermua.

El próximo mes de enero está previsto que entre en vigor también la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). El Ejecutivo desliga esta prestación de las ayudas de emergencia social (AES). "Hasta ahora cerca del 80% de las AES se va en ayudas de vivienda; por eso la necesidad de separarlas", señala Sánchez Amado. La calidad de esta ayuda es distinta de la de las AES, al pasar a ser un derecho subjetivo y exigible, como la RGI. La prestación se destina al alquiler, es complementaria a la RGI y tiene la misma limitación de dos prestaciones por hogar y dos años de vigencia.

La nueva prestación nace con una partida asignada de 43 millones de euros. El director de Acción Social ve razonable la limitación a dos ayudas, entre otras razones porque con ambas "se podría dar el supuesto de que entrasen en una misma casa casi 2.500 euros en ayudas sociales". Para que ello se produjera tendría que haber dos familias de tres o másber dos familias de tres o más miembros residiendo en una vivienda y cobrando, cada una, el máximo posible: 910 euros de la Renta y 320 de la prestación.