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Negocio ilegal en Mercasevilla

Tras la guerra entre los mayoristas y el gerente late la continua venta de pescado inmaduro ø La empresa afronta 1,8 millones de multa por 36 toneladas incautadas

Toma 1: Día soleado. Interior de una barra atestada en un restaurante sevillano. Bullicio. El cliente pregunta: "¿Me pone una ración de pijotitas?". Dos camareros se miran, uno de ellos escruta al cliente, sonríe y se encamina a la cocina.

Toma 2: Madrugada de noche cerrada. En el interior de la nave de los mayoristas de pescado de Mercasevilla, el griterío es ensordecedor. Entran dos inspectores y descubren un palé de pescado inmaduro en la zona común. Pijotas de diez centímetros, la mitad de su tamaño permitido. Preguntan a los mayoristas alrededor: "¿De quién es esto?". Nadie responde y todos se encogen de hombros. Como el palé no tiene dueño, nadie resulta multado. Salvo el mercado municipal.

"Cuando preguntas si el palé tiene dueño, todos miran para otro lado"

Tras los escándalos de comisiones ilegales, Mercasevilla no levanta cabeza

Sin la segunda escena, la primera no se reproduciría con tanta frecuencia. Ambas están recreadas según los testimonios de los protagonistas.

La venta de inmaduros es un problema que los consumidores andaluces siguen ignorando con excusas absurdas como la tradición culinaria. Pero además, esta semana se ha revelado como el trasfondo de una guerra abierta entre los mayoristas y el gerente de Mercasevilla, Jordi Maymó. El pasado viernes los mayoristas de pescado pidieron al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que despida a Maymó, quien había asegurado: "No vamos a ser pasivos sino activos en la lucha contra el inmaduro".

Tras dos escándalos de comisiones ilegales que descabezó a la empresa la pasada primavera por su anterior cúpula acusada de corrupta, Mercasevilla no levanta cabeza. Esta semana los 43 mayoristas han protagonizado un paro laboral mientras los 40 prejubilados del ERE se sublevaban porque la empresa no les paga. Las cuentas arrastran un agujero de un millón de euros por la nefasta gestión anterior, según desveló el avance de una auditoría, que cuando esté terminada será previsiblemente la peor noticia para sus arcas.

Uno de los puntales de este déficit radica en la compraventa de pescado de la nave Barranco, donde ciertas partidas incumplen la ley. Y Mercasevilla lo paga muy caro. Tanto, que se traduce en una multa astronómica de 1,8 millones, acumulada por 77 expedientes sancionadores en los últimos 16 meses. El pescado incautado ascendió a 36 toneladas. "Cuando levantamos acta y preguntas si el palé tiene dueño, todos miran para otro lado, así que tenemos que multar a Mercasevilla", explica Luis Vázquez, responsable de la inspección pesquera de la Junta en Sevilla.

La talla mínima de las pijotas mediterráneas está en 20 centímetros, pero los técnicos han llegado a incautar ejemplares de ocho centímetros. El problema está enquistado porque estos palés siempre se intervienen en las zonas comunes de la nave, nunca en el puesto de cada mayorista. Los mayoristas alegan que es un problema estructural del sistema. "El mayorista no sabe el pescado que le va a venir de Italia o Portugal y la primera vez que lo ve es en el puesto. Con la vorágine de cientos de kilos, el inmaduro se queda ahí", afirma José Rodríguez, gerente de los mayoristas. El caso es que nadie denuncia la presencia de inmaduro para que éste sea retirado por la empresa. Y así llueven las denuncias de la inspección y del Seprona de la Guardia Civil. "Somos cinco inspectores y todo el mundo nos conoce en el mercado", aclara uno de ellos.

Aún así, Mercasevilla es sólo un eslabón más. Tras su pesca centralizada en el Golfo de Cádiz, el inmaduro se trafica en callejones, gasolineras y almacenes desperdigados por toda la comunidad. La Guardia Civil, la policía autonómica y policías locales reciben cursos de la Junta para incrementar la inspección de pescaderías, restaurantes y mercados. Pero no es eficaz. El consumidor sigue siendo el principal culpable porque la demanda no decae. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso el pasado marzo una multa de 100 millones al Gobierno central por la actividad ilegal en los caladeros del sur. Está visto que el escarmiento no caló.

La movilización actual censura a Maymó por acusarles de "mafiosos" tras grabar éstos una conversación en la que el gerente supuestamente proponía reducir el precio de un puesto para abaratar el canon que recibe Mercasevilla. Pero el crudo enfrentamiento de Maymó y los empresarios no parece que vaya a enfriarse. Mientras, las multas seguirán llegando y el pescado inmaduro colándose entre las rendijas del ingente mercadeo. Vázquez avisa: "Mis hijos comerán pescado, mis nietos no lo sé".

Un conflicto enquistado

Rape de Namibia, almeja de Italia, sardinas de Portugal... El mayor complejo de distribución agroalimentaria en Andalucía es una ciudad que vive de noche y es exclusiva por muchas razones. Mercasevilla tiene un estatuto único en el país gracias a un edicto del general Queipo de Llano de 1936. Los mayoristas son meros intermediarios con comisiones que pagan cánones a la empresa. Ésta opera las transacciones a través de sus empleados o "boleteros" para que el pescado pase a los minoristas (pescaderías y puestos de mercado).

Así, los 43 mayoristas no están sujetos a la morosidad porque Mercasevilla les paga tras cada operación. Mueven cada año 93 millones de euros y son un gremio poderoso, como ya demostraron en el paro anterior de 2004.

La primera batalla de los mayoristas buscaba la reducción de sus cánones, que consideran abusivos. "Somos los que mantenemos Mercasevilla. Cada año pagamos 2,6 millones a sus arcas", se queja el abogado de los mayoristas, Joaquín Moeckel.

El Tribunal de Defensa de la Competencia ya en 2002 resaltó que "considera grave para el desarrollo de la libre competencia el intervencionismo de Mercasevilla que ejerce sobre la actividad de los mayoristas independientes (...) Es un caso anómalo en los mercas de toda España". La sentencia declaraba ilegal la comisión por restringir la competencia, y posteriormente la Audiencia Nacional ratificó la resolución.

Pero las negociaciones para reducir estas tasas ni siquiera han empezado porque los mayoristas exigen la sustitución del gerente. Mientras, el Ayuntamiento de Sevilla apoya su gestión para encauzar este barco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de noviembre de 2009

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