El PNV diluye la expectativa de un nuevo acuerdo unitario contra ETA

La ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna volvieron a revelarse ayer en el Parlamento como una auténtica línea roja que tiene todos los visos de impedir por completo una estretegia compartida de lucha y deslegitimación del terrorismo entre el PNV y los Gobiernos central y vasco. Su presidente, Iñigo Urkullu, había mostrado en los últimos meses disposición a un nuevo acuerdo unitario, para el que dirigentes del PNV mantuvieron contactos con el PSE-EE y con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su jefe de filas en el Parlamento, Joseba Egibar, lo descartó desde primera hora al declarar en la propia Cámara "incompatibles" las posturas de ambas partes sobre el final de ETA. El debate de ayer, que concluyó con la aprobación de una moción que respalda los pronunciamientos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre las ilegalizaciones, le dio la razón y confirmó esa incompatibilidad. El texto tuvo los votos en contra del PNV, Aralar, EA y EB, que vieron derrotada su pretensión de que el Parlamento contradijera al Tribunal de Estrasburgo y denunciara la anulación de las libertades "de ideología, de expresión, de asociación y de participación política".

Pastor: "¿Cuántas sentencias precisan para admitir que se han equivocado?"

Egibar: "Acatamos, pero no comulgamos con el Pacto Antiterrorista"

El PNV ha interiorizado en su conjunto el convencimiento de que la ley de Partidos se creó no en contra de ETA y Batasuna, sino del PNV, para dar a los constitucionalistas, mediante la exclusión de la izquierda abertzale, la mayoría que no lograron en 2001 y desalojar así al nacionalismo del Gobierno.

Para el Gobierno central, y también para el autonómico ahora, esa ley es un instrumento de primer orden en la lucha contra ETA y sus apoyos políticos. El debate de ayer, pese a coincidir con el nuevo pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo rechazando el recurso de las formaciones ilegalizadas, fue una demostración palmaria de la imposibilidad de coincidencia. La unidad no irá, de darse alguna, más allá del protocolo de actuación frente a atentados que el Gobierno de Patxi López intenta pactar con todas las fuerzas parlamentarias.

Con los 39 votos a favor de PSE, PP y UPyD, y los 35 en contra de PNV, Aralar, EA y EB, el Parlamento instó a todas las instituciones a actuar "en coherencia con los criterios de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha establecido que tanto la Ley de Partidos como la ilegalización de formaciones políticas que no condenan a ETA son medios necesarios para defender la democracia". Además, anima al Gobierno a proseguir, en aplicación de la ley de Víctimas, en su política de "tolerancia cero" hacia las muestras de justificación o amparo al terrorismo y reclama "la unidad de los demócratas". Sin embargo, fue la falta de unidad lo que quedó en evidencia, por más que el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, considerase que la sentencia de Estrasburgo "la facilita más que nunca" y debe marcar "un antes y un después" en las posiciones.

Se vio que éstas no se han movido un centímetro desde hace siete años: ni la aprobación por las Cortes de la ley de Partidos, ni su ratificación por el Tribunal Supremo y el Constitucional ni el informe del Parlamento Europeo ni los dos pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo las han modificado. "¿Cuántas sentencias, y de qué tribunales, necesitan ustedes para reconocer que se han equivocado?", inquirió el portavoz socialista, José Antonio Pastor dirigiéndose a los contrarios a la Ley de Partidos. El peneuvista Joseba Egibar dijo que su grupo "respeta y acata" el pronunciamiento de Estrasburgo, pero nada más. "No tenemos por qué comulgar con la estrategia del Pacto Antiterrorista", añadió.

Especial dureza empleó la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro. A Pastor le dijo que el debate planteado buscaba "la legitimidad que no tiene su Gobierno". "Tienen los instrumentos del Estado, pero les falta la mayoría democrática, porque la mayoría somos los abertzales", afirmó. EA y EB coincidieron en que, "diga lo que diga Estrasburgo", la Ley de Partidos recorta derechos y libertades públicas y es "una ley ad hoc" para excluir a la izquierda abertzale.