La Comunidad sortea con una ley un fallo judicial y mantiene el caos sobre dependencia

Todo estaba atado y bien atado. La Comunidad de Madrid ya sabía -sus propios servicios jurídicos lo auguraban- que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida el lunes, le impediría ampararse en el silencio administrativo de seis meses para no reconocer el derecho de un dependiente a ser valorado.

Y por eso, el 5 de noviembre, antes de conocerse el fallo, ya habían preparado un proyecto de ley, la de Medidas Liberalizadoras -se aprobará en diciembre-, que consagra esa coartada para demorarse en la atención a estas personas. Nada cambia, pues, para los más de 8.000 discapacitados que llevaban más de seis meses de espera y que pensaban que con la sentencia del TSJM habían conseguido de manera automática la condición de dependientes con derecho a alguna prestación.

En la ley, un texto que nada tiene que ver con la Ley de Dependencia, se incluye un punto en el que se otorga rango legal al silencio administrativo "desestimatorio" para el reconocimiento del grado de dependencia. Un mero truco administrativo, pues la Consejería de Asuntos Sociales nunca ha rechazado a nadie mediante ese procedimiento. Pero sí les es útil para no agilizar un sistema casi colapsado que supone una media de espera de más de un año.

"Se va a poner un añadido en la ley para que quede claro que nadie se puede quedar fuera por este concepto del silencio administrativo", afirma una portavoz de Asuntos Sociales.

Pilar Sánchez Acera, portavoz de Asuntos Sociales del PSM en la Asamblea, descubrió la triquiñuela escudriñando el proyecto de ley en el que se esconde. "Es todo un truco, siempre un truco con la Dependencia", exclama casi suspirando: "Y mira que se podría hacer bien". Sánchez Acera va enumerando sus objeciones al plan del Gobierno regional: "Para empezar, lo meten en una norma sobre empresas que no tiene absolutamente nada que ver con el tema", explica, y prosigue: "Lo peor de todo no es que insistan en el silencio administrativo, sino que además sus retrasos se van a más de dos años en muchas ocasiones".

La diputada socialista recuerda que el Defensor del Pueblo ha advertido a la Comunidad Valenciana por pergeñar un ardid muy semejante al de Madrid.