Aguirre cambia la Ley de Cajas para tener el control sobre las alianzas de Caja Madrid

El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) anunció ayer una nueva reforma de la Ley de Cajas (la última se hizo en julio pasado) que le permitirá controlar las alianzas estratégicas de Caja Madrid. Y lo hace al introducir la figura del Sistema Institucional de Protección (SIP) y regular como única condición que haya una autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

En palabras del consejero madrileño del ramo, Antonio Beteta, esta figura permitirá, en tiempos de crisis, "que las cajas de ahorro puedan llevar a cabo alianzas estratégicas que les permitan enlazar actividades comunes sin llegar a la fusión". Es lo que se conoce como fusión virtual.

Sin embargo, esta regulación no era necesaria para que Caja Madrid pudiera alcanzar esos mismos acuerdos con otras entidades bancarias. De hecho, sin necesidad de esas regulaciones existen planes desde hace tiempo para crear el SIP entre Caja Canarias, Caja Inmaculada y Caja Rioja, así como las cajas rurales de Granada, el Sur, Navarra y Asturias con Rural Caja. Eso les permite mantener su personalidad jurídica y sus bienes, pero gestionar en conjunto sin poner en riesgo sus niveles de solvencia. Y, sobre todo, no tener que fusionarse.

Lo han decidido sus órganos de gobierno, sin intervención de sus ejecutivos regionales, y, en algunos casos, sin que esté contemplado en su normativa autonómica. En la actualidad, sólo Andalucía tiene regulada la figura del SIP, mediante una normativa aprobada esta misma semana y que también le da el control sobre las posibles alianzas de las cajas andaluzas.

Autorización previa

Al modificar la ley, la Comunidad de Madrid sí introduce, como único requisito, que esas alianzas deben tener la "autorización previa" de la propia consejería, según reconoció Beteta. Eso permitirá al Gobierno de Aguirre tener la última palabra en los acuerdos estratégicos de la Caja y no sólo en las fusiones.

Además, la modificación legal se introduce a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de Acompañamiento, que permite cambiar de un plumazo 11 leyes regionales sin un debate en profundidad. Y ello pese a que el PP ya cuenta con la mayoría de la Cámara regional, 64 de 120 diputados.

Aguirre utilizó la misma vía el año pasado para modificar el proceso de renovación de cargos de Caja Madrid que derivó en un nuevo enfrentamiento con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Entonces, hubo gran diferencia entre lo que anunció que aprobaría el Consejo de Gobierno de Aguirre y lo que después se aprobó vía enmiendas, algunas introducidas por el propio PP. Por eso, habrá que esperar a diciembre, cuando finalice la tramitación de la nueva Ley de Acompañamiento, para ver en qué queda esta nueva reforma de la Ley de Cajas de Madrid.