Tierra de herejes

En la inauguración el pasado miércoles de los "desayunos informativos CEU", que la poderosa Asociación Nacional de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU se proponen convocar cada dos meses, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, se dirigió a los votantes españoles en general y a los parlamentarios en particular en los siguientes términos: "Quien apoye, vote o promueva esa ley (se refería al proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo) está en pecado mortal público y no puede ser admitido a la sagrada comunión", pues "quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe católica. Quien contribuya a ello está en la herejía y, por tanto, excomulgado". Y esto, añadió, "vale para todos los católicos, estén en el partido que estén y por encima de lo que les diga su partido".

No creo que nadie que conozca la doctrina de la Iglesia católica en este punto pueda sorprenderse de que el portavoz de la Conferencia Episcopal se haya expresado en los términos en que lo ha hecho. La Iglesia católica siempre ha negado la legitimidad del Estado para poder dictar otra legislación sobre la interrupción del embarazo que no sea la de tipificarla como un delito. Cualquier legislación de otro tipo choca con la "ley natural", es decir, con lo que la Iglesia católica entiende que es la ley natural, que establece un límite infranqueable para el legislador artificial, esto es, el legislador estatal.

Lo que sí sorprende es que esta doctrina no haya sido aplicada a todos los ciudadanos, parlamentarios y poderes públicos en general que apoyaron, votaron y promovieron la ley de 1985 por la que se despenalizó la interrupción del embarazo en determinados supuestos y que ha permitido que se hayan practicado un número considerable de abortos desde entonces hasta hoy, tanto en los años en los que la mayoría parlamentaria ha sido socialista como en aquellos en los que ha estado en el Gobierno el PP.

Todo el mundo sabe y los obispos seguro que no lo ignoran, que el número de interrupciones del embarazo no se va a ver significativamente modificado como consecuencia de la aprobación de la nueva ley. La práctica del aborto va a continuar siendo la que es. La única diferencia, que no es poca, es la seguridad jurídica en que van a moverse tanto las mujeres que decidan interrumpir el embarazo como el personal sanitario que intervenga en la operación conducente a tal fin.

No se entiende por qué si los que promuevan, voten o apoyen la nueva ley son herejes y van a estar en pecado mortal público, no lo están los que promovieron, votaron o apoyaron la ley anterior y por qué no lo está prácticamente toda la ciudadanía de los Estados que integran la Unión Europea, en los que ya existe una ley como la que ahora se va a someter a la consideración de las Cortes Generales españolas.

Si nos tomamos en serio la doctrina recordada por el portavoz de los obispos españoles, habría que llegar a la conclusión de que Europa es una tierra de herejes, en la que millones de personas están en pecado mortal público y, en consecuencia, excomulgados. Corolario inmediato de esta conclusión debería ser la depuración de los Registros Eclesiásticos, a fin de que se eliminara de ellos la condición de católicos de todos aquellos ciudadanos que fueron bautizados, pero que se han puesto con su conducta de manera pública fuera de la ley de la Iglesia.

Esta depuración del censo oficial de católicos debería hacerse de oficio por la autoridad eclesial en todos aquellos casos en que se tiene constancia de una tal conducta o a instancia de parte de todos los ciudadanos que lo solicitaran.