Los socialistas denuncian al juez la financiación ilegal del PP valenciano

El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.

La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.

"Los empresarios deben soportar las presiones del Gobierno", dice Luna

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiación irregular del PP valenciano.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros". El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios".

Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.

La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido. En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario (veáse gráfico).

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones.

La investigación no está cerrada. Ángel Luna advirtió de que existe documentación que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripción de más hechos delictivos".

La patronal autonómica Cierval salió por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, Ángel Luna reconoció que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agregó que "también hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, retó a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicación irregular de la Generalitat".