El Tribunal Superior valenciano abre la vía para investigar la financiación irregular del PP

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para investigar la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La Sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la denuncia son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

Durante una reunión celebrada este jueves por la mañana, la sala de Lo Civil y Penal ha decidido solicitar información al Tribunal Superior de Madrid sobre sus investigaciones en relación con el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo hace casi dos meses del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella de los socialistas, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y al propio PP que confirme las responsabilidades que en dicha organización tiene algunos de los querellados.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la brigada de blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. También desvela que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de una doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El TSJ despreció ese informe cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Francisco Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información al TSJ de Madrid, al Ministerio del Interior, al PP valenciano, a las Cortes Valencianas y a la Junta Electoral Central. Según la nota del TSJ valenciano, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".

El informe policial que sustenta la querella dirigida contra 17 personas, entre ellas el propio Camps y el vicepresidente Vicente Rambla, fue remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales el pasado 31 de julio al TSJ valenciano, a la Fiscalía Anticorrupción y al TSJ de Madrid, donde se investiga la causa principal del caso Gürtel que inició el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional.