¿Cuánto de 'different' es 'Spain'?
Todos los que tengan alguna edad recordarán el eslogan Spain is different, con el que desde el Estado se trataba de fomentar el turismo en los últimos años del franquismo. Luego, la frasecilla se convirtió en la explicación natural de todos los comportamientos más o menos raros (frikis, como se dice ahora), que ocurrían en cualquier lugar, pero dentro de nuestras fronteras.
Lo menciono porque la presidenta del Tribunal Superior de Cataluña, María Eugenia Alegret, representantes de ciertas asociaciones judiciales y responsables de PSC-PSOE y CiU, han clamado al cielo porque los medios de comunicación han publicado imágenes -¡esposados!- de varios implicados en la Operación Pretoria, de corrupción urbanística en Cataluña, por la que han sido encarcelados el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta; el ex conseller Macià Alavedra, ligados a CiU, o el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), y el ex diputado Luis García, Luigi, ex militante socialista. No es que las quejas sean exclusivas de estos partidos, porque más o menos igual reaccionó el PP después de que varios de sus altos cargos y parlamentarios fueran salpicados por la corrupción de la Gürtel o del Palma-Arena.
El caso es que no es que esté bien la difusión de esas imágenes, que pueden predisponer a los ciudadanos en contra de la presunción de inocencia de los imputados, pero, ¡qué casualidad!, esta algarabía acerca de que se han vulnerado los derechos fundamentales y la intimidad de los detenidos sólo se produce cuando los implicados son aún ciudadanos de primera, es decir, que tienen amigos poderosos o que todavía conservan cierto poder. Porque, igual soy un desmemoriado, pero no recuerdo que Alegret, las asociaciones judiciales o los políticos hayan protestado por la vulneración de los derechos de otros sospechosos de delincuencia -quizá ya ciudadanos de segunda o de tercera-, como, por ejemplo, los sucesivos violadores del Eixample; los acusados de terrorismo entregados por Francia y fotografiados con grilletes al pie del avión; el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, cuyo arresto fue retransmitido casi en directo recientemente o, incluso, Miguel Carcaño, acusado confeso del asesinato de la joven Marta del Castillo, cuyas imágenes camino del juzgado se reproducen una y otra vez en todos los telediarios.
Se supone que todos tenemos los mismos derechos, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y ésta parece demostrar que los poderosos suelen recibir mejor trato de la justicia y de los medios. Además, banqueros y políticos gozan de un auténtico plus de inocencia, del que no disfruta el resto de la ciudadanía. Sólo así (y porque tienen dinero para contratar a los mejores abogados) se explican las absoluciones por prescripción o pequeños defectos de forma o los archivos de los procesos por falta de pruebas que siempre alcanzan a los mismos. Ahora, Francisco Camps, por los trajes impagados de la Gürtel, aunque la decisión está recurrida en el Tribunal Supremo.
Claro que los delitos de cuello blanco -ilegalidades realizadas por sujetos de elevada condición social en el curso de su actividad profesional, según definió Edwin H. Sutherland en 1939- son mucho menos alarmantes que los asesinatos, las violaciones o el terrorismo, aunque en muchas ocasiones esos pelotazos lleven a sus víctimas a la quiebra, al alcoholismo o incluso al suicidio. Ya se sabe, que, como decía Ramón Pérez de Ayala, sólo cuando la estafa es enorme toma un nombre decente.
¿Sólo pasa en España? Una rápida mirada a nuestro entorno nos muestra que el entonces gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude Trichet, fue absuelto de complicidad en el escándalo de la falsificación de cuentas del Credit Lyonnais. Curiosamente, todos los políticos implicados fueron exculpados, aunque los antiguos directivos de la entidad resultaron condenados. En Italia, la situación del primer ministro Silvio Berlusconi es paradigmática. Algunos de sus principales colaboradores como Previti o Dell'Utri han sido penados, pero él sigue limpio y maniobra para lograr la impunidad. En Alemania, el caso Flick, un asunto de corrupción que afectaba a todos los partidos del Bundestag, se resolvió con dos condenas menores. La investigación salpicó al entonces canciller Helmut Kolh, quien alegó que no recordaba nada. Situaciones similares se han vivido en Portugal, Reino Unido, Holanda y los países nórdicos. O en Estados Unidos, Argentina, México, Brasil o Suráfrica, sin ser exhaustivos.
A la vista de todo esto, seguro que se preguntarán: ¿Cuánto de different es Spain? Nada, respóndase usted mismo.
