El PNV busca una salida a Barrika

Es el primer caso de una urbanización de viviendas en Euskadi con el riesgo de ser derribadas, como ha ocurrido en Cantabria. Por eso, el PNV busca una salida al proyecto de Barrikabaso, una privilegiada zona de la costa vizcaína, en el municipio de Barrika, donde desde 2001 los tribunales han venido derribando la recalificación urbanística por tratarse de un área de especial protección.

Ahora hay 14 chalets con familias residiendo en ellos, en varios casos desde hace tres años. De momento, Txipio Bai -la asociación ecologista que llevó el caso a los tribunales- no plantea pedir ninguna demolición pero sí exige regenerar ambientalmente parte de la urbanización y paralizar cualquier otra actuación urbanística. Dirigentes del PNV se han reunido dos veces en el último mes con los ecologistas para buscar una solución.

Los peneuvistas han rechazado cualquier dimisión por el caso

Barrikabaso, al lado de los acantilados de Barrika, es todo un caramelo urbanístico. Los intentos de edificar se remontan a 22 años atrás y todas las tentativas se asocian a la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Vizcaya), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos.

En 1988, el Gobierno calificó la zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. No le hicieron gran caso ya que, pese a que sus informes eran vinculantes, el Ayuntamiento firmó en 1990 un convenio con la Diputación de Vizcaya y los propietarios que contemplaban chalés, un hotel y un campo de golf. El Gobierno supeditó la aprobación de todo el plan urbanístico de Barrika a que esa área tuviera la declaración de especial protección, finalmente aceptado por el consistorio.

En 1997, el Ayuntamiento volvió a aprobar una recalificación en la zona, limitándola a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los dos extremos y que preveía 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. De nuevo, fue apoyado por la Diputación pero la viceconsejería de Medio Ambiente dijo en un informe que, en "evitación de daños ambientales irreparables" debería seguir como área protegida.

Los ecologistas decidieron llevar el caso a los tribunales que por dos veces, primero en 2001 y luego en 2004, anularon la recalificación. El Superior, en su último fallo de 2004 resaltó que "no cabe duda" del interés paisajístico de la zona y que estos intereses "se sacrificaban para implantar viviendas de baja intensidad". Calificaba la recalificación aprobada por la Diputación de "arbitraria". El fallo, nuevamente recurrido por el Ayuntamiento, la Diputación y los propietarios, fue avalado, en sentencia firme en julio pasado, por el Supremo.

Pero pocos días después, el ayuntamiento informaba de que, en el avance de su plan urbanístico, se incluyen 130 viviendas en Barrikabaso, lo que soliviantó a oposición y ecologistas. Además de los 14 chalés, los propietarios tienen vendidas tres parcelas más, dos de ellas a jugadores del Athletic: uno retirado recientemente y otro en activo.

La ejecutiva del PNV, que ha tratado internamente el futuro de Barrikabaso, se reunió a finales de septiembre con los ecologistas y el pasado 8 de octubre éstos tuvieron otro encuentro con la Diputación, también en manos peneuvistas. La mayor preocupación de los interlocutores del PNV (el parlamentario Unai Rementeria, o los diputados forales de Urbanismo y Medio Ambiente, Pilar Ardanza y Iosu Madariaga) era la pretensión última de los ecologistas.

Una de las peticiones de éstos ha sido la destitución de los concejales peneuvistas de Barrika que han avalado el proyecto, a lo que se ha negado rotundamente el PNV. Txipio Bai, que también se ha reunido con la consejería de Medio Ambiente, se muestra dispuesta a que las viviendas edificadas no se toquen y queden fuera de ordenación mientras se garantice la restauración ambiental, incluyendo la demolición de la urbanización alrededor de los chalés. Si no, amenaza con pedir el derribo de todo lo edificado. "El PNV es el culpable de esto pero también el que puede arreglarlo", dice un alto cargo de la Administración vasca.