Los padres del niño obeso piden informes psicológicos

No es racismo, pero sí una afrenta. Es lo que piensa la Asociación del Pueblo Gitano, que está dispuesta a acudir al Tribunal de Derechos Humanos para "proteger" al menor orensano a quien creen que se está utilizando como "cabeza de turco" en la batalla contra la obesidad. Y es lo que piensa también el padre del niño, Luis Montoya, molesto con las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia de Ourense de quien dice en un comunicado que lo creía ocupado en asuntos "de extraordinaria importancia para la provincia" como la investigación de algún posible pelotazo urbanístico.

Pese a la contundencia de la Fiscalía, que ha puesto al matrimonio una querella criminal por desobediencia y sustracción de menores, Montoya y su mujer no se han movido un ápice de su decisión de no entregar al niño, que sigue oculto. Ayer hicieron una nueva oferta: que psicólogos independientes designados por el Colegio Oficial de Ourense evalúen si es beneficioso para el pequeño ingresar en el Centro de Protección de Menores. Se brindan a que examinen a la familia, la vivienda y sus condiciones de vida. Aseguran que si el informe lo recomienda, no tendrán "inconveniente alguno" en entregar al niño.

Montoya replica al fiscal jefe. Así, frente al convencimiento expresado por éste de que los progenitores "se equivocan", motivo por el que no pide "por ahora" su detención ni penas de cárcel, el padre del pequeño dice estar "seguro". Puntualiza que la vida del niño no corre peligro "como lo acredita el último informe del endocrino" y expresa a cambio su malestar por el hecho de que el fiscal jefe de Ourense desvelara ante los medios el nombre del pequeño que ellos se han "cuidado mucho" de no difundir.

Movilizaciones

Los padres se muestran "totalmente de acuerdo" con la máxima defendida por el fiscal de que "todos están bajo el imperio de la Ley" pero matizan que "todos igual", por lo que le piden que "no se caiga en la tentación de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes". Tienen todo el respaldo de la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, que preside Sinaí Giménez. Éste insiste en buscar una solución pactada entre Xunta, Fiscalía y padres. De lo contrario, amenaza con "movilizaciones contundentes". Pero la Xunta se mantiene firme y delega en la Fiscalía las actuaciones encaminadas a la entrega del menor.