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Tres sicarios mataron en 2007 al alcalde de Polop por motivos urbanísticos

Arrestado dos años después uno de los presuntos autores del crimen

Dos años y dos semanas después, la Guardia Civil ha esclarecido el enigmático asesinato a tiros del alcalde de Polop (Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP. Los agentes arrestaron el jueves a un ciudadano español, integrante de una banda de tres asesinos a sueldo, por su supuesta implicación en el crimen. Los otros dos miembros del grupo, radicado en el sur de la provincia, son checos. La investigación, según fuentes del caso, sostiene que la orden a los sicarios tiene su origen en temas urbanísticos.

Alejandro Ponsoda fue tiroteado la noche del 19 de octubre de 2007 a las puertas de su vivienda. El regidor recibió varios impactos de dos armas distintas. Uno de los balazos le atravesó el cráneo y le provocó un coma irreversible. Ponsoda falleció una semana más tarde, a los 55 años de edad, en el hospital General de Alicante.

Desde el principio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil centró la investigación para esclarecer el asesinato de Ponsoda en cuestiones relacionadas con programas urbanísticos en el municipio, dadas las tensiones que había generado el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Junto a esta línea, la policía indagó en el ámbito privado del regidor, aunque finalmente descartó este aspecto como posible móvil del crimen.

Polop (en el prelitoral de Alicante, a 30 kilómetros de Benidorm) no alcanza los 4.000 habitantes censados y un tercio de su población es extranjera. En 1999 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que fue homologado en 2003. En esa fecha, el responsable del área de Urbanismo era Juan Cano, luego sustituto de Ponsoda en la alcaldía. El planeamiento, vigente, prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete la población.

Además de en el urbanismo, la gestión de Ponsoda al frente del Consistorio también fue cuestionada en el apartado de la contabilidad. En septiembre pasado, Cano presentó al pleno un informe para aprobar las cuentas de 2008 que incluía un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,62 millones de euros por facturas impagadas en 2007 y ejercicios anteriores, bajo el mandato del alcalde asesinado. En el documento se responsabilizaba a Ponsoda de poner en marcha "diversas obras municipales que no contaron con la adecuada financiación y que se ejecutaban en función de presupuestos incorrectos". "Se estaban admitiendo facturas con cargo a dichas obras que no se correspondían ni con el valor ni con los conceptos de las mismas", recogía el documento. El informe reflejaba llamadas de proveedores reclamando el pago de facturas pendientes de cobro que, sin embargo, no constaban en el programa de contabilidad del consistorio.

El alcalde, que se enteró por los medios de comunicación del arresto de uno de los presuntos asesinos de Ponsoda, declaró: "Es una satisfacción que caiga sobre los culpables el peso de la ley". La alegría de Cano era también compartida por los vecinos de pueblo, cuyo devenir ha estado mediatizado en estos dos últimos años por el hasta ayer misterioso crimen de su ex alcalde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de noviembre de 2009