Karadzic comparece por primera vez ante el Tribunal de La Haya

Bien afeitado y trajeado, Radovan Karadzic dio ayer una de cal y otra de arena en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya. Después de boicotear la apertura del proceso en su contra por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, acabó admitiendo ante "sus excelencias" (los jueces) que "confiaba en tener un juicio justo".

Para ello, sin embargo, necesita una prórroga de 10 meses. Así podrá "ordenar el caótico material remitido por la fiscalía". También espera que se respete su derecho fundamental a defenderse. De no ser así, el ex líder serbobosnio considera que "carecería de sentido participar en un procedimiento que si mal empieza, mal puede acabar".

El presidente de la sala, el surcoreano Kwon O-Gon, le reprochó que repitiera de nuevo sus argumentos de los últimos 15 meses y pidió su colaboración. Pero aplazó el proceso. El tribunal comunicará dentro de unos días si concede el plazo solicitado, o bien le impone un abogado de oficio.

Cualquiera de las dos opciones corre el peligro de retrasar las cosas. Karadzic no piensa colaborar con un experto designado por el TPIY. Quiere llevar su defensa en persona para aclarar los errores de enfoque de la acusación, como los llama. "Se me involucra en una guerra civil y dicen que queríamos expulsar a la gente de la tierra que reclamamos como nuestra. Tengo que defender mi vida política, y preciso una visión completa de la causa", afirmó. En su opinión, la guerra de Bosnia (1992-1995) se divide en dos etapas diferenciadas. "La parte política, entre 1991 y 1992, y la guerra, a partir de entonces. Claro que no puedo boicotear el proceso. Pero la fiscalía tampoco. Sería criminal que colaborara en estas condiciones. Debo sistematizar el millón de documentos de los fiscales", concluyó.

Arropado por asesores legales en Belgrado y La Haya, Karadzic no cedió ni un milímetro a pesar del cuidado con que se dirigió a los jueces. Su actitud llevó a la fiscal Hildegard Uertz-Retzlaff a proponer una solución expedita. "Si no colabora, o rechaza un abogado, puede recurrirse incluso a la fuerza para que acuda a la sala de vistas", aseveró. La acusación considera que sólo trata de ganar tiempo. Y eso es precisamente lo que no tiene el TPIY. La ONU lo creó en 1993, y le exige que concluya su labor hacia 2013. Por eso Uertz-Retzlaff considera "un precio razonable a pagar" el retraso que causaría la imposición de un representante a Karadzic para desbloquear la situación.