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La Generalitat arropa a su alto cargo investigado por la Operación Pretoria

- Un director técnico de CiU dimite en Valls por su implicación en el caso - La Unión Europea reclamará el retorno de las ayudas si ha habido fraude

El Gobierno catalán cerró ayer filas y arropó públicamente al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas, a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto del caso Pretoria en referencia a unas supuestas facturas falsas que sirvieron para desviar fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma. "No hay ninguna imputación", recordó el consejero de Educación, Ernest Maragall. "Y tenemos la convicción absoluta de que su actuación es correcta", añadió tras la reunión del Ejecutivo catalán.

Por la mañana ya había salido en defensa de Mas el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, de quien depende el Incasòl. Nadal escudó al gerente argumentando que existe una "confusión" en las conversaciones telefónicas entre Mas y los imputados a partir de las cuales el juez Garzón le relaciona con la trama del caso. Ninguno de los dos consejeros aportó, sin embargo, novedades sobre la investigación que el Incasòl anunció el sábado sobre sus actuaciones en Santa Coloma.

Prenafeta ofreció al Gobierno catalán un edificio de Espais en el Fòrum

"No hablé de falsificar facturas" dice el gerente del Incasòl, Emili Mas

Emili Mas también salió ayer en defensa propia y negó que hablara con los imputados para falsificar facturas. En un comunicado, Mas aseguró que en las conversaciones que cita Garzón -mantenidas con el supuesto cerebro de la trama y ex diputado del PSC, Luís García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director de Servicios Municipales, Pascual Vela-, habló del calendario de ejecución de las obras de mejora de la Ley de Barrios en la ciudad, pagadas por la Generalitat y el Consistorio.

"No hablé de falsificación de facturas u otros documentos para presentar al Fondo de Cohesión u otros fondos europeos ni di instrucciones al Ayuntamiento o a Gramepark", sostuvo Mas tras defender la "honestidad y transparencia" de su actuación y apuntar que el Incasòl no interviene en la gestión de fondos europeos.

Ayer la Comisión Europea advirtió a España de que deberá devolver los 1,3 millones de euros si se demuestra el desvío de dinero. "Si los fondos fueron mal utilizados por error o fraude, no desaparecerán", aseguró a Efe el portavoz comunitario de política regional, Dennis Abbott, quien aclaró que son los Estados miembros los responsables de "prevenir, detectar y corregir estos errores".

También un ex directivo del último Gobierno de Jordi Pujol tuvo que dar ayer explicaciones. El que fuera jefe de Servicios Territoriales Ginés Carbó entre 1996 y 2004 dejó ayer su puesto de coordinador técnico de Planificación del Ayuntamiento de Valls por su implicación en el asunto. Carbó, militante convergente y ex concejal de CiU en Mataró, se embolsó 244.011 euros tras un pelotazo que dio Luigi en Sant Andreu de Llavaneres.

Tras dimitir, Carbó se defendió y afirmó que no cobró comisiones, sino "honorarios". El arquitecto resaltó que en el periodo en el que se produjo la operación investigada -entre abril de 2004 y octubre de 2005- ya había pasado un mes de su marcha de la Generalitat.

Otro de los citados en el auto, el consejero delegado de Marina Badalona y ex subdelegado del Gobierno en Menorca, Juan Felipe Ruiz, sigue en su cargo a pesar de que se le han retirado sus atribuciones especiales. Según el auto de Garzón, Ruiz era el contacto de Luigi en Badalona, donde consiguió una adjudicación de unos terrenos en primera línea de mar sin tener que pasar por concurso. Los representantes de Iniciativa Verds en la ciudad reclamaron la convocatoria del consejo de administración de la sociedad pública para votar la destitución de Ruiz.

Otro de los interrogantes que arroja el caso Pretoria quedó ayer despejado. El Departamento de Economía y Finanzas admitió haber examinado una oferta del detenido Lluís Prenafeta por un edificio de la inmobiliaria Espais, presidida por el también imputado Lluís Casamitjana. La consejería rechazó, finalmente, ese inmueble de la zona del Fòrum que, según fuentes del mercado, ya le habían ofrecido otras vías. El auto del juez Garzón hablaba de la intermediación en un "edificio para la Generalitat", sin precisar cuál.Mientras, en Santa Coloma de Gramenet el desconcierto se ha apoderado del Ayuntamiento. Por dos motivos: uno es la incógnita sobre el relevo de Bartomeu Muñoz en la alcaldía, y el segundo el malestar que causa la presencia en su puesto de trabajo de Pascual Vela, el director de servicios municipales imputado por el juez Garzón y que se encuentra en libertad bajo fianza.

Respecto al relevo, éste se está alargando más de lo que los concejales desearían. El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, sigue siendo quien tiene más números para sustituir a Muñoz, y ayer mismo se ofreció al partido para hacerlo, pero hay otros nombres como el de la segunda teniente de alcalde, Carmen Moraira, y los concejales Raül Moreno y Núria Parlón. De momento, quien lleva el día a día es Joan Carles Mas, primer teniente de alcalde que ejerce como alcalde accidental. Su prioridad inmediata "es reconstruir las naves después de la tormenta", señala una de las fuentes. Ayer, Mas reveló en una entrevista a Elplural que el presunto cerebro de la trama, Luis García, Luigi, visitaba con frecuencia el Ayuntamiento e "iba directo al despacho del alcalde".

Desde la oposición, la presidenta del grupo popular en el Ayuntamiento, María Carmen Sáez, mostró su "indignación por la pasividad del Consistorio ante uno de los mayores escándalos de la democracia". "El Ayuntamiento es responsable de lo ocurrido por omisión. La ignorancia de lo que pasaba les incapacita", manifestó. Sáez exigió que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el caso.

Sobre la presencia por segundo día consecutivo de Vela en su puesto de trabajo, un portavoz del Ayuntamiento asegura que su condición de funcionario en régimen laboral le obliga a acudir a trabajar y que no se le puede expedientar porque ya lo ha hecho el juez Garzón. Pero otras fuentes recuerdan que, en paralelo al proceso penal, se puede abrir uno administrativo que -si bien debería estar parado hasta que finalice el de Garzón-, sí permitiría tomar medidas para apartar a Vela de su puesto. Sàez aboga por esta línea: "Por lo menos no debería ocupar el mismo cargo".

También ICV-EUiA se pronunció ayer sobre la cuestión. El portavoz de la formación en el Consistorio, Francesc Sánchez, lo calificó de "anómalo, un escándalo" y consideró que sería "de pura lógica" que fuera apartado temporalmente de sus funciones para que no pueda acceder a los archivos, informa Fermín Robles. El grupo municipal de CiU no ha entrado en la polémica y mantiene su confianza en la inocencia de Vela.

Quien ayer rompió su silencio sobre el Caso Pretoria fue el ex presidente Jordi Pujol, amigo del ex consejero Macià Alavedra y del ex secretario de la Presidencia, Lluís Prenafeta, ambos encarcelados por Garzón. Desde Madrid, Pujol recordó la amistad que le une a Prenafeta y Alavedra y se sumó a las críticas sobre el trato recibido por los detenidos a su llegada a la Audiencia Nacional. A su juicio hubo "trato muy vejatorio" y "voluntad de humillación". Sobre el amago que hizo la semana pasada de "tirar de la manta" de otros casos de corrupción, ayer precisó que fue un malentendido y que sólo pretendía advertir contra la acusación sistemática como forma de hacer política.

Antoni Castells, consejero de Economía, abogó ayer en una conferencia por un "reformismo regeneracionista" para evitar "la desafeción y el desencanto" con la política que los ciudadanos sienten ante los casos de corrupción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de noviembre de 2009