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La investigación en el 'caso Pretoria'

Dimite el gerente de la empresa del suelo de la Generalitat tras ser imputado por Garzón

Once encausados por el 'caso Pretoria', entre ellos el gerente del instituto catalán del suelo, Emili Mas, un ex alcalde del PP y las mujeres de dos ex altos cargos de los gobiernos de Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria de corrupción urbanística y las ha citado a declarar para mañana y el próximo viernes. Con estas nuevas imputaciones, ya son 20 las personas inculpadas en este caso de corrupción urbanística. Cuatro de ellos permanecen en prisión desde el pasado 30 de octubre por orden de Garzón, que el martes acordó la libertad bajo fianza de 200.000 euros de Manuel Dobarco, ex teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet. Entre las 11 personas que han sido imputados figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo, al que el juez Garzón imputa por sus estrechas relaciones con el cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que permanece en prisión. Mas ha sido suspendido temporalmente de militancia del PSC; como ocurrió con el caso de otros cargos socialistas como Bartomeu Muñoz. El departamento de Política Territorial y el departamento de Medio Ambiente -del que también depende el Incasò- ha aceptado la "renuncia voluntaria" de Mas para "facilitar la instrucción del caso".

En esa relación de imputados también figuran Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas, esposas del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, respectivamente, y que permanecen en prisión. La imputación de ambas mujeres está relacionada con su participación como administradoras en las sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Fuentes de Convergència no quisieron confirmar la militancia de estas dos mujeres. Los nacionalistas no tomarán ninguna medida "porque sólo han sido llamados a declarar", informa Clara Blanchar.

También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también encarcelado por esta causa, y a la que se vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Al margen de estas 11 imputaciones, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo día 12 de enero a un total de diez personas como testigos. Entre ellas figura Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, la ciudad en la que se realizó una de las operaciones urbanísticas que investiga Garzón.

17,6 millones sustraídos

Según el auto dictado por Garzón, la trama de corrupción habría sustraído 17,6 millones euros de las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneras, y un total 44,7 millones de euros en el conjunto de municipios barceloneses en los que operaba (Sant Andreu, Badalona y Santa Coloma de Gramanet). El abogado de Prenafeta y Alavedra solicitó la excarcelación de ambos argumentando motivos de salud, pero Garzón la rechazó.

Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos".

Renuncia en el PP, no en CiU

Por su parte, el Partido Popular de Cataluña ha explicado que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres y actual concejal del Ayuntamiento, Víctor Ros, ha presentado esta misma tarde su renuncia a la militancia. El partido ha aceptado la renuncia y ha trasladado el caso al Comité de Derechos y Garantías, que en función de cómo evolucione su imputación podría decidir una expulsión definitiva e incluso la retirada de su acta de concejal.

También en el plano político CiU ha manifestado que no va a tomar ninguna medida contra Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, quién cobró 244.011 euros del también encarcelado Luis García Sáez, Luigi, por intervenir en una operación urbanística en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres. Según un portavoz nacionalista "sólo han sido llamados a declarar".

Por su parte, el PSC ha suspendido también temporalmente de militancia a Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de Marina Badalona, también imputado por el juez Garzón. El Ayuntamiento de Badalona ha pedido a Ruiz su dimisión, pero éste no ha aceptado. Sí puede cesar a Ruiz el consejo de administación de Marina Badalona, que comprenden otras administraciones públicas.