Judicialización de la obesidad

La obesidad -la infantil y la adulta- se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Su prevención y disminución conlleva medidas de educación y promoción de salud dirigidas a que los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto adopten estilos de vida saludables. La obesidad, ni ningún otro problema de salud pública, se cura por decreto ni se reduce con sanciones administrativas. De igual modo que el sistema de salud no debe juzgar a los presuntos delincuentes, la justicia no puede ni debe actuar contra las personas que no llevan una vida saludable. La ley y las administraciones pueden y deben velar por que las conductas saludables sean las más fáciles de llevar a la práctica. Pero de ahí a sancionar a quienes no lo hagan hay un abismo.

El caso del niño de nueve años y 70 kilos de peso al que el Servicio de Menores de la Xunta de Galicia plantea separar de sus padres (EL PAÍS, 30 de octubre) supone un paso adelante en la judicialización de la obesidad. Una medida tan extrema como separar a los padres de sus hijos debería ser tomada sólo en casos excepcionales, y no en situaciones que, según las encuestas, afectan a un 15% de la población infantil.

Desconozco si en este caso en concreto se da el "desamparo" al que alude su periódico como argumento esgrimido por la Administración para retirar la tutela a los padres. Pero sería terrible que se instalase en nuestra sociedad la idea de que la obesidad infantil es sinónimo de desamparo paterno y causa suficiente para la tutela de los menores por la Administración. En cuanto al niño, ya tiene dos problemas. Al de los riesgos para su salud debidos a su obesidad se le une ahora el estigma social de ser gordo en esta época de culto al cuerpo.