La Generalitat dio dos créditos al Palau pese a haber hallado irregularidades

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de crédito del Gobierno catalán, dio dos créditos que suman dos millones de euros al Consorcio del Palau de la Música entre diciembre de 2004 y marzo 2005. La concesión se efectuó a pesar de las irregularidades que habían hallado las auditorías internas del Departamento de Economía y Finanzas y las de la Sindicatura de Cuentas. Éstas todavía no habían sido subsanadas por el entonces gerente del consorcio, el imputado Fèlix Millet. Fuentes del departamento aseguran que sus auditores están revisando el destino de ambos préstamos, que consideran "correctos".

El primer crédito, concedido el 16 de diciembre de 2004, ascendía a 1,27 millones, y el segundo, del 10 de marzo de 2005, era de 731.710 euros. Ambos debían ser devueltos en 20 años y estaban destinados a "instalaciones, inmuebles y construcciones". Ninguno fue autorizado por el Gobierno catalán o el departamento, lo cual -advierte la auditoría- era obligatorio. "Este trámite no ha sido cumplido, situación que debe corregirse", determinaban los informes.

Fuentes del departamento explican que estos créditos, destinados a obras del Palau y del Petit Palau, deben considerarse una "inversión", lo cual exime tanto al consorcio como al ICF de pasar por el Gobierno catalán. Estas mismas fuentes sostienen que ambos créditos son "legales" y "correctos". Además insisten en que el crédito se ha ido devolviendo puntualmente, puesto que de momento el Palau ha amortizado 400.000 euros.

El departamento que dirige Antoni Castells recuerda también que se han dado créditos similares a otras fundaciones, a pesar de que el ICF tiene como objetivo financiar proyectos de "innovación, crecimiento e internacionalización de las empresas catalanas" para mejorar su productividad y competitividad.

Pero además, estos créditos se dieron justo después de que la Sindicatura de Cuentas remitiera en 2002 un informe en el que ponía de manifiesto múltiples anomalías en la gestión del Palau y de que el Gobierno catalán tuviera ya en su poder las auditorías de las cuentas de 2002 y 2003 del consorcio, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. En estos informes se advierte de varias irregularidades, como pagos insuficientemente justificados a la Asociación Orfeó Català y facturas por servicios que nadie contrató.El Departamento de Economía insiste en que de ninguna de las anomalías detectadas se desprenden "hechos delictivos", aunque la semana pasada anunció que volverá a revisar todas las auditorías que se realizaron entre 2002 y 2008. La consejería explica, además, que el informe se remitía al Departamento de Cultura, a los gestores del consorcio y a la Sindicatura de Cuentas.

Un portavoz de Cultura asegura que la auditoría llegó también al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura. Ello supone que eran cuatro las instituciones, además de los gestores del consorcio, que estaban al corriente de las anomalías detectadas por la auditoría. Cultura esgrime los mismos argumentos que Economía: no se percibieron hechos delictivos. "En el caso de que se hubiera observado algún delito, se debería haber llevado a la fiscalía", aseguran en el departamento que en el momento de darse los créditos dirigía la socialista Caterina Mieras.

El consorcio abrió en 2003, además, un eurodepósito abierto en Caixa Catalunya Perpignan por un periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2003 y el 19 de enero de 2004, que reportó al Palau unos intereses de 948 euros. Fuentes de Economía señalan que las imposiciones a plazo son normales si los productos financieros son seguros y si se trata de cantidades que no van a usarse, por ejemplo, porque están destinadas a unas obras que todavía no van a empezar. En 2005 el consorcio volvió a destinar dinero a un instrumento financiero. En esta ocasión, se dedicaron 600.000 euros a un fondo de inversión mobiliario.