Imputada por supuesta corrupción la presidenta del Parlamento balear

La presidenta del Parlamento de Baleares, Maria Antònia Munar, líder de Unió Mallorquina (UM), grupo que apoya al PSOE en esta legislatura y en anteriores fue socio del PP, fue ayer imputada por el Tribunal Superior de Justicia en el caso Can Domenge, en el que se investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales, negociaciones prohibidas y revelación de secretos en la adjudicación de unos terrenos públicos de Palma para construir 600 viviendas.

La enajenación del solar, de 52.000 metros cuadrados, la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Munar, cuando UM gobernaba con el apoyo del PP. La venta se hizo por 30 millones de euros a la compañía Sacresa pese a que la firma Núñez y Navarro ofreció 60 millones.

La dirigente de UM es investigada por una adjudicación de terrenos para pisos

La empresa del ex presidente del Barça José Lluís Núñez presentó la querella que desencadenó la investigación judicial. El magistrado instructor imputó también al portavoz adjunto del PP, el diputado Fernando Rubio. En la misma causa están implicados otros altos cargos y ex dirigentes de UM: el consejero balear de Turismo y ex líder de Unió Mallorquina, Miquel Nadal; el ex secretario general del partido, Tomeu Vicens, y el actual presidente del grupo y consejero insular, Miquel Àngel Flaquer.

La juez que inició el caso impuso una fianza solidaria de 38,5 millones de euros a Flaquer, la empresa adjudicataria Sacrera y su mediador, el ex consejero de Cultura con CiU Joan María Pujals.

Munar manifestó ayer que "parece normal [que el juez] quiera saber exactamente mi opinión", porque era presidenta del Consell cuando ocurrieron los hechos. "Los políticos debemos responder como cualquier ciudadano", señaló. La portavoz de su partido, Cati Julve, defendió que la imputación "era previsible y no extraordinaria", y el PSOE opinó que "la imputación no significa ya que haya cometido un delito". El Bloc, aliado del Ejecutivo de izquierdas, invitó a Munar a dejar el cargo de presidenta del Parlamento.

El diputado del PP Fernando Rubio explicó respecto a su imputación que él votó y firmó la adjudicación del solar a Sacresa de acuerdo con los informes de los técnicos y "obligado" por el pacto de gobierno del PP y UM. "Debíamos dar apoyo a todas las propuestas", insistió Rubio. La plana mayor del PP balear respaldó a Rubio en su comparecencia y defendió su inocencia.

Por otra parte, un juez de Palma y la Fiscalía Anticorrupción desplegaron en Mallorca la Operación Maquillaje contra una supuesta trama empresarial de blanqueo de comisiones, facturas falsas y posible financiación irregular de Unió Mallorquina. Esta investigación, bajo secreto, deriva de otra sobre una posible corrupción en la recalificación de terrenos, de suelo rústico a terrenos industriales, en una finca próxima al aeropuerto de Palma.

El caso Son Oms estalló tras las elecciones de 2007, en las que el PP perdió el poder, a raíz de una denuncia de un socio de la promotora que se sintió estafado, Ángel Otxando. El negocio inmobiliario bajo sospecha lo dirigieron profesionales que eran o habían sido altos cargos de Unió Mallorquina y colaboradores de Munar: el ex presidente del Consell Maximiliano Morales y el ex secretario general de UM, el diputado Tomeu Vicens.

La sede del Consell del Mallorca y el antiguo despacho particular del consejero de Turismo Miquel Nadal -imputado en el caso Can Domenge- fueron registrados ayer, así como las oficinas de compañías inmobiliarias, de inversiones y gestoras ligadas al entorno de las sociedades que se beneficiaron del pelotazo de Son Oms. La sede de la Radio Televisión de Mallorca -que presidió Nadal y con la que trabajaron empresas de su entorno- fue registrada en busca de contratos de dudosa legalidad con una productora y un gestor.

Los próximos 9 y 10 de diciembre, el Tribunal Superior juzgará por presunta corrupción, en un caso derivado del sumario central de Son Oms, a dos ex secretarios generales de UM: el diputado Tomeu Vicens, cuyo voto en el Parlamento es decisivo para el Gobierno de Francesc Antich (PSOE), y Damià Nicolau.