La Asamblea se enciende con los tres diputados excluidos del PP

La reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y de esa manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del grupo popular la semana pasada por su implicación en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP— comenzó anoche al filo de las diez con una votación unánime para admitirla a trámite.

En ella no estuvieron ni los diputados imputados en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la presidenta Esperanza Aguirre. Era un resultado esperado, pero la sorpresa la dio la bancada de la izquierda (PSM e IU), por la virulencia con la que salió a defender su voto a favor "por responsabilidad" y para evitar que los diputados imputados se beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del grupo popular.

Sobre todo, la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco, acusaron a los populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los implicados y que mantengan su condición de aforados. "Tienen ustedes un acuerdo de gestión de crisis en esta Asamblea", espetó Sabanés. "Hacen expulsiones a la carta y fariseísmo político", recriminó Franco. El diputado socialista tachó de "aberración jurídica" el texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación".

Enfrente, como a lo largo de todo el pleno, quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los imputados en la trama. Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz adjunto del PP Benjamín Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch acudieron al pleno, igual que tampoco lo hicieron la semana pasada, cuando fueron expulsados. Y eso que la Cámara regional se dio prisa en colocar las placas con sus nombres en la última fila de la bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular, pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que tiene la Cámara, porque sólo los ocupan 120 diputados. Ahora que no están adscritos a ningún grupo -la Mesa de la Asamblea los ha asignado al mixto, mientras se tramita la reforma del reglamento-, la única obligación de estos parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Y, aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808 euros mensuales.

Sabanés defendió que no obtengan más privilegios. "Mantienen el privilegio principal, que es el régimen especial de aforamiento. Y éste es su acuerdo ¿o no?", lanzó la portavoz, que recordó que esa figura se creó para "preservar la libertad en el ámbito parlamentario". También pidió al PP que explique por qué quiere que, ya que se reforma el reglamento, no se incluyan otras modificaciones. "Expliquen por qué el debate lo quieren acotado, blindado y a su servicio", reprochó.

Muy contundente fue también el socialista José Manuel Franco, que recordó que el PP no tuvo responsabilidad cuando en el verano de 2003 se produjo el tamayazo. Entonces se opuso a la reforma que hoy defiende. "Ustedes fueron desleales, pero no teman, que nosotros no vamos a serlo", avisó. Franco cuestionó la propuesta de reforma del PP por ser una "aberración desde el punto de vista jurídico", que conculca derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y recordó que la retroactividad que el PP ha querido dar a la ley aún no aprobada contraviene la Carta Magna, porque ésta impide que se produzca para restringir derechos. "¿Cómo es posible que se coloque a la Mesa al borde de la prevaricación? Sólo hay una respuesta: la ambición desmedida de la presidenta", zanjó. "No duda en utilizar en su beneficio las instituciones y en pactar una salida a los diputados muy poco digna".

El encargado de defender la reforma fue el portavoz adjunto del PP, Juan Soler, que la consideró "pertinente". A juzgar por su discurso, parecía que la propuesta de crear el diputado no adscrito es una vieja reivindicación del PP. Lo que no explicó es por qué no se ha impuesto antes, ya que el PP tiene la mayoría en la Cámara desde 1995.