Ferrol corta el suministro a un hotel con orden de derribo pendiente desde el 2003
No tiene licencia de primera ocupación ni de actividad, y tampoco se certificó oficialmente el fin de la obra, pero la puerta del Hotel Galiano está abierta al público desde 2007. Este establecimiento, propiedad del promotor ferrolano José Fernández Gómez, conocido como Jofer, volvió ayer al centro de una larga polémica urbanística que desde hace una década enfrenta al municipio con el propietario de la empresa Ferrol Hoteles, y que lleva camino de eternizarse en los tribunales, con una orden de derribo empantanada en los juzgados entre una maraña de plazos y recursos.
A primera hora de ayer, un equipo de 18 personas enviado por el gobierno local, formado por abogados, policías locales y técnicos de Gas Natural, Unión Fenosa, y Emafesa -la empresa municipal de aguas de Ferrol-, desfilaron por la calle desde del ayuntamiento hasta el hotel para cortar el suministro de este céntrico establecimiento, situado entre las calles Real y Galiano.
El propietario, no obstante, hizo caso omiso y pocos minutos después de las 9.00 horas, el hotel volvía a abrir la puerta con grupos electrógenos para autoabastecerse. Desde el municipio contraatacaron levantando acta de la infracción del propietario para trasladar a los juzgados un presunto delito de desobediencia de José Fernández, que ya acumula otras causas abiertas por idéntico motivo.
Desde el Gobierno local justifican que se adoptó esta decisión "para reponer la legalidad urbanística y preservar la seguridad de los ciudadanos", de acuerdo con una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó el último recurso del promotor contra el corte de los servicios.
Órdenes de paralización
La intención de ejecutivo que lidera en minoría el socialista Vicente Irisarri es precintar en el plazo más breve posible una construcción que es "un cúmulo de incumplimientos sistemáticos y reiterados". "Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance" manifestaron ayer desde el gobierno local. Apuntan, además, que el municipio sería responsable de forma subsidiaria en caso de accidente o catástrofe ya que el inmueble no cumple los protocolos de seguridad, carece de las perceptivas certificaciones de la Consellería de Industria y elude los controles administrativos.
Según fuentes del departamento de Urbanismo de Ferrol, la lista de irregularidades de esta edificación es extensa y arrancan incluso antes de su construcción "en la tramitación de la primera licencia". Desde 1999, tres corporaciones locales de distinto signo político han abierto expedientes contra la obra, que acumula cuatro órdenes de paralización de la actividad y varias sentencias favorables al municipio que han sido sistemáticamente recurridas. A última hora de la tarde de ayer, tanto el hotel como las dos cafeterías seguían abiertas pese al corte de suministro.
