La UCE pide tres años de cárcel para Fabra por falsedad documental

La UCE (Unión de Consumidores de España), que representa a la acusación popular en el caso Fabra, ha solicitado tres años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Ésta es una de las causas que Fabra tiene abiertas en los juzgados de Nules, donde también se le investiga ante la supuesta comisión de varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Nules es el que lleva la causa por falsedad documental, después de que el empresario Vicente Vilar señalara a Carlos Fabra como coautor de las falsificaciones de sellos y analíticas de materias primas, chinas e indias, para productos fitosanitarios, con el fin de obtener las autorizaciones para la fabricación de pesticidas.

La Fiscalía también le acusa de manipulación para lograr licencias

Tras las diligencias de investigación, a las que se incorporaron decenas de tampones que demostrarían la falsificación, la Fiscalía Anticorrupción consideró al presidente de la Diputación de Castellón supuesto autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, y reclamó dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito del fiscal, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas. Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia María Amparo Fernández, su ex esposa.

Tras la denuncia de Vilar, el Ministerio de Agricultura solicitó un informe que ratificó la diferencia entre los documentos presentados y los originales. Un año después, en 2006, Agricultura suspendió la comercialización de estos productos.

Tras el escrito del fiscal, la acusación popular ha presentado sus conclusiones provisionales, en las que considera probado que Fabra formó parte de la decisión y ejecución de falsificar los documentos, al igual que el empresario Vicente Vilar y la entonces esposa de éste, Monserrat Vives. En este operativo actuó también el químico Hamdi El Azozi, empleado de Vilar. La UCE también pide el procesamiento de otro imputado, el impresor Manuel Martínez, para el que pide dos años de cárcel por proporcionar sellos y cuños.