Brown lanza un plan privatizador para contrarrestar el avance 'tory'

Gordon Brown se agarró ayer a las privatizaciones para recaudar 16.000 millones de libras (algo más de 17.000 millones de euros) y recortar la gigantesca deuda pública acumulada por Reino Unido tras el estallido de la crisis económica. Los planes del primer ministro británico, con los que intenta responder a los presentados la semana pasada por el Partido Conservador, se basan en la privatización de participaciones del Estado en empresas y la venta de terrenos municipales.

El efecto político del proyecto, sin embargo, puede ser efímero, si no contraproducente. Primero, porque los medios británicos se olvidaron de la iniciativa nada más saberse que el primer ministro deberá devolver a la Hacienda pública más de 13.000 euros por declarar gastos de jardinería y limpieza que ahora se consideran excesivos. Segundo, porque Downing Street admitió ayer que el grueso del plan de privatizaciones ya figuraba en la letra pequeña de los presupuestos generales de abril pasado. Y, tercero, porque los ayuntamientos se resisten a poner a la venta los terrenos en los que han edificado escuelas, cementerios y oficinas porque el mercado inmobiliario está en un momento muy bajo y no quieren vender y verse luego obligados a pagar por los alquileres.

El Gobierno desea vender acciones del Estado en varias empresas

El líder laborista tendrá que devolver 13.000 euros por gastos excesivos

Entre las participaciones en empresas que Brown quiere poner a la venta figura la red ferroviaria del túnel bajo el canal de la Mancha, el complejo viario Dartford Crossing, la casa de apuestas Tote, cuya privatización ya fue anunciada por Brown en 2006, y el 33% del Estado en Urenco, un consorcio europeo que suministra equipamiento para enriquecer uranio a la industria nuclear.

Brown se ha dado dos años para poner en práctica este plan, con el que apenas podrá maquillar unas cuentas públicas desbocadas por los gastos de la reforma de los servicios públicos y los desequilibrios provocados por la crisis: más gasto social y menos ingresos fiscales. Según las estimaciones del Tesoro, el déficit público superará en el corriente presupuesto los 132.000 millones de libras, equivalente a más del 7% del PIB británico. Para cubrir ese déficit presupuestario, el Gobierno deberá emitir este año fiscal deuda pública por valor de 175.000 millones de libras. El saldo vivo de la deuda superó en agosto, por primera vez en la historia, los 800.000 millones de libras, equivalentes al 57,5% del PIB.

La oposición acogió con escepticismo el anuncio del plan privatizador. El conservador David Cameron ofreció una bienvenida en conjunto -"Obviamente es algo necesario", admitió- pero subrayó que hay que tener en cuenta los efectos de esas ventas de activos no sólo a corto plazo, sino a largo plazo. Y, sobre todo, puso en duda la capacidad de los laboristas de vender a buen precio y recordó que el precio del oro se multiplicó por cuatro después de que el Gobierno vendiera parte de las reservas del metal precioso.

Pero esa fue ayer quizás la menor de las preocupaciones de Brown. Coincidiendo con el retorno de las sesiones parlamentarias tras el receso veraniego, más de 600 diputados recibieron una carta de sir Thomas Legg, el alto funcionario que ha estado auditando las cuentas de los polémicos gastos de sus señorías. Una parte de ellos han sido exonerados, a otros se les ha pedido que suministren más información y se calcula que a unos 300 se les pide que devuelvan parte del dinero recibido.

Entre ellos está Gordon Brown, al que sir Thomas ha pedido que devuelva 12.415 libras correspondientes a cinco años. El grueso de esa cifra corresponde a gastos de limpieza. No es que Brown haya hecho nada ilegal, pero el primer ministro ha superado ampliamente el límite de 2.000 libras al año que el funcionario considera razonable y que hasta ahora no existía.

El líder liberal-demócrata, Nick Clegg, deberá devolver 910 de las 3.900 libras que reclamó por gastos de jardinería. El conservador David Cameron, que ya devolvió voluntariamente 218 libras reclamadas en exceso por los intereses de una hipoteca, deberá presentar más información sobre ese crédito. La ex ministra del Interior, Jacqui Smith, se vio obligada a pedir disculpas a la Cámara después de que una investigación paralela concluyó que rompió las reglas al designar cuál era la vivienda por la que podía reclamar gastos.

Muchas de las peticiones de sir Thomas probablemente no tienen base legal porque se refieren a gastos quizás abusivos pero autorizados de antemano por funcionarios del Parlamento. Pero todos los partidos han pedido a los diputados que devuelvan el dinero sin rechistar dada la sensibilidad de los votantes con este tema.