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Confebask pide la equiparación de las normas forales porque es "imprescindible"

La patronal Confebask y sus organizaciones territoriales (Adegi, Cebek y SEA) irrumpieron ayer en el debate sobre el blindaje de las normas forales tributarias, en vísperas de que éste llegue mañana al Congreso de los Diputados en forma de una proposición de ley elevada por el Parlamento vasco. La organización empresarial considera "inaplazable" que la capacidad normativa derivada del Concierto Económico "sea definitivamente protegida del permanente cuestionamiento judicial al que ha sido sometida".

Confebask, que ha estado detrás de muchas de las medidas fiscales introducidas en el impuesto de sociedades y cuestionadas por las comunidades autónomas limítrofes y la Comisión Europea, defiende sin ninguna reserva la equiparación de las normas de las Juntas Generales y las leyes de los parlamentos para que sean únicamente recurribles ante el Tribunal Constitucional. De esta forma no podrán ser impugnadas por los gobiernos de las comunidades vecinas, como hasta ahora.

Refiriéndose a la iniciativa del Parlamento vasco en la que se pide la reforma de las leyes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, los empresarios señalan en un comunicado que, "más allá de la fórmula elegida", "resulta imprescindible que se solvente de una vez por todas una situación que ha generado una notable inseguridad jurídica entre las empresas vascas". No es "entendible" que el marco tributario pueda ser impugnado no sólo por otras autonomías, sino por "cualquier ciudadano", añade refiriéndose a la actual situación en las que las normas forales, por no tener rango de ley, son recurribles ante tribunales ordinarios.

Rechazos

Tras recordar que esa capacidad normativa derivada del Concierto ha sido respaldada jurídicamente por Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, Confebask evita el término "blindaje" y resalta que lo que se pretende "no es más que equipar el rango y protección legal de las normas vascas respecto a otras con el mismo carácter y evitar que estas queden sujetas a otro tipo de interés".

Sin embargo, esa equiparación tiene complicaciones jurídicas y cuenta con el rechazo de La Rioja -ha anunciado que recurrirá al Constitucional la propia reforma legislativa que se pretende, si llega a ser aprobada- y de Castilla y León, que se consideran perjudicadas por la diferente fiscalidad para las empresas. Así lo expresó el presidente castellano, Juan Vicente Herrera, en un artículo publicado ayer en varios periódicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de octubre de 2009