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Editorial:

'Gürtelazo'

El sumario revela que se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en décadas

Tal vez algún día el nombre de Correa (o su versión alemana, Gürtel) sirva para definir un determinado tipo de corrupción política, al modo como hace 74 años los nombres de Strauss y Perlowitz dieron origen al straperlo o estraperlo, en referencia a una trama basada en el soborno de políticos. En ese caso, la fecha de ayer será retenida como clave en el conocimiento del escándalo que relaciona a una trama dedicada a la corrupción en gran escala con el Partido Popular.

"El PP va bien", dijo ayer Mariano Rajoy, en referencia a las encuestas, al mismo tiempo que el levantamiento parcial del sumario -17.000 de sus 40.000 folios- desvelaba las ramificaciones de uno de los mayores escándalos políticos de la historia de España. A la revelación, hace dos días, de datos que apuntan a la implicación de un antiguo consejero del Gobierno de Castilla y León y hoy presidente del Parlamento de esa comunidad se unieron ayer indicios comprometedores para el PP de Galicia, cuyo ex secretario de organización, Pablo Crespo, imputado en el caso, alude en una de las grabaciones incluidas en el sumario al delito de financiación ilegal, por cuyos plazos de prescripción se interesa.

El caso no es ya el de los trajes de Valencia, sino el de una red que trabaja en exclusiva para el PP en varias comunidades. Los indicios de implicación de cargos del partido e institucionales hacen insostenible la estrategia del avestruz: no querer mirar para no ver lo que parece cada vez más evidente, que el partido de Rajoy está implicado a fondo en un caso de corrupción mayúsculo a escala nacional.

Desviar la atención hacia jueces, fiscales y policías es la consigna. González Pons lamentó ayer que dos tercios del sumario sigan sometidos a secreto para las partes, porque de esa manera "el Gobierno va a seguir teniendo en su mano la posibilidad de filtrarlo por fascículos cuando crea conveniente". Pero se trata de una decisión del instructor debida a la existencia de diligencias judiciales todavía en marcha y al deber de preservar la intimidad y otros derechos de personas físicas y jurídicas que aparecen en las investigaciones pero que no están involucradas.

Es perversa la idea de que las encuestas, como en su momento las urnas, dispensan de dar explicaciones o tomar medidas respecto a los que han tejido y se han beneficiado de la trama de Correa. De lo conocido hasta el momento se deducen indicios de manipulaciones destinadas a financiar ilegalmente actividades del PP, pero también de tratos en beneficio de los bolsillos particulares de miembros de dicho partido que, por ejemplo, reciben un reloj valorado en 20.000 euros. Y se desprende también un estilo de actuación que parece confirmar el principio de aquel ex dirigente que dijo estar en política para forrarse.

La posible implicación de nuevos aforados autonómicos amenaza ahora con despiezar todavía más el caso, ya dividido entre tres tribunales. Puesto que el núcleo delictivo del caso está localizado en el conglomerado empresarial de Francisco Correa, no está justificado que se investigue y juzgue en diversos tribunales, simplemente por la condición de aforados de algunos implicados. Si el juego del aforamiento se impone a la unidad de la causa y a las exigencias de la investigación, que sea con lógica procesal. Tendría que ser la Sala Segunda del Supremo, que instruye la parte del caso Gürtel en lo que afecta a dos aforados nacionales, uno de ellos el senador y tesorero del PP Bárcenas, la que en virtud de esa lógica atrajera todo el caso para sí.

La gravedad y la amplitud que está adquiriendo el caso Gürtel y las trabas encontradas o que puedan encontrarse a su investigación en algunos tribunales territoriales son otras razones, además de las procesales, para que el Tribunal Supremo se haga cargo del caso entero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de octubre de 2009