Caixa Catalunya renuncia a su marca para facilitar la fusión

Mañana será un día clave en la esperada reorganización de la escena financiera catalana, con la convocatoria de sendos consejos extraordinarios de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona para dar por fin validez oficial al proceso de constitución de la segunda gran caja catalana y con los principales flecos de la fusión ya solventados. Fuentes financieras situaban anoche la cita para mañana mismo; a más tardar, pasado mañana. Con una novedad: pese al apabullante mayor tamaño de la caja que preside Narcís Serra y dirige Adolf Todó, la resultante no se llamará Caixa Catalunya, que se ha mostrado dispuesta a renunciar a su marca pese al arraigo en la comunidad, donde tiene 752 de sus 1.203 oficinas.

"Se trata de visualizar el nacimiento de una nueva entidad financiera, porque no estamos ante una pura absorción", subrayaron ayer fuentes financieras implicadas en una operación que corre el riesgo de parecerlo y en el que los equilibrios de poder y han sido la guinda negociadora del proyecto financiero.

"Que no se llamaría Caixa Catalunya no es un acuerdo de ahora, estuvo más que claro desde el minuto uno", comentaron otras fuentes próximas una de las cajas protagonistas, en relación a uno de los temas que llevaba tiempo corriendo por los pasillos de caja fundada por la Diputación de Barcelona, y que ayer reunió a su cúpula ejecutiva. Los portavoces de las cajas declinaron confirmar cualquier información sobre una operación que ni siquiera ha sido reconocida públicamente.

Todó será el hombre fuerte de la caja, que sumará activos de más de 81.000 millones de euros. Serra, como señaló este diario el pasado viernes, permanecerá en el puesto actual durante un periodo transitorio que la ley le permite de hasta dos años. La diputación de Tarragona consensuará el próximo presidente con la de Barcelona, en tanto que ambas son fundadoras de las cajas Tarragona y Catalunya. En aras de un acuerdo, la mayor de las cajas tendrá poco más del 50% de peso en los órganos de gobierno que representen a las entidades fundadoras, pese a que por activos le correspondería un peso muy superior.