El PSOE vincula a Costa con los pagos de Orange Market al PP

El PSOE vincula a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, con los pagos de Orange Market al partido que preside Francisco Camps en Valencia. Así consta en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la parte valenciana del caso Gürtel. Los socialistas, acción popular en el procedimiento, piden que se anule el sobreseimiento libre del asunto en el que estaban implicados Camps, presidente de la Generalitat, y otros tres altos cargos por un delito de cohecho pasivo impropio. El tribunal valenciano no estimó los indicios ni consideró las advertencias de un juez de Madrid sobre una documentación relevante ni apreció un informe policial que recogía una supuesta financiación irregular del PP en Valencia. De la lectura del informe "se desprende sin dificultad alguna" que "Costa es el responsable de las decisiones relativas a los pagos y cobros con la empresa Orange Market, SL".

El recurso se interpone por: resolución gravosa y contraria a derecho; vulneración de un proceso con todas las garantías; vulneración del derecho a la tutela judicial y vulneración del derecho a no padecer indefensión.

El tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, al que Camps definió como "más que amigo", dijo que cerraba la investigación porque aunque Orange Market hubiese hecho regalos a los cuatro altos cargos imputados, no suponía que tuvieran posibilidad de devolver favor alguno. Más aún, no consideró que quedaba en Madrid documentación por leer y valorar, ni atendió el informe policial sobre la financiación irregular del PP en relación con Orange Market y otras sociedades.

Comisiones y trajes

De hecho, el informe señala, y lo reproducen los socialistas en su recurso, "que el pago de 420.700 euros de Orange Market al PP sólo tiene explicación como comisiones participativas en las adjudicaciones de la Administración valenciana a la citada empresa, y de ahí también la entrega de regalos a los imputados por tales adjudicaciones".

Los socialistas dicen que la interpretación del tribunal presidido por De la Rúa es contraria a la jurisprudencia del Supremo, es "irrazonable y arbitraria". Y el conjunto del auto, una "sentencia anticipada". El PSPV defiende que los indicios de criminalidad son palmarios y suficientes para continuar la investigación. Y entiende que se ha producido una "deslealtad procesal" que se ha convertido en "arbitrariedad". A su juicio, la actuación del tribunal es "meramente voluntarista".