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Columna
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Colesterol institucional

Permítanme iniciar la columna de hoy con un ejemplo tomado de la vida corriente: un análisis de sangre revela que tenemos el colesterol (el malo) muy alto. Hasta aquí nada fuera de lo habitual, ni nada que no pueda tratarse con, además de los medicamentos oportunos, una dieta razonable y una buena higiene de vida. Pero qué pensaríamos si, frente a esa analítica, nuestro médico nos dijera que no tomáramos las pastillas, que no hiciéramos más ejercicio, que no cambiáramos nuestros hábitos alimenticios, que no nos pusiéramos a dieta. O que esos cambios los emprendiéramos a largo plazo. Es posible, aunque poco probable, que pensáramos que nuestro médico es una persona generosa, un santo que no quiere que renunciemos a nuestros placeres, por muy grasos que estos sean. Pero lo más seguro es que nos entrara la duda, más bien la inquietud, por lo original de esa receta, por lo que escapa al sentido común -del común de los médicos y también de los mortales-, a la sabia regla que dicta que cuando uno tiene el colesterol por las nubes debe ponerse a dieta de inmediato, porque prorrogar la situación puede revelarse grave o fatal.

Permítanme ahora deslocalizar este ejemplo tan básico y trasladarlo a un asunto político. Porque se acaban de hacer públicas las conclusiones del proceso de reflexión Gipuzkoa+20, puesto en marcha por la Diputación guipuzcoana para definir los retos de futuro del territorio, y en el que han participado expertos de las cuatro universidades vascas, de Gipuzkoa Aurrera, de las Juntas Generales o de Eusko Ikaskuntza, entre otros. Sus conclusiones, contenidas en el documento Diagnóstico estratégico de Guipúzcoa, señalan que el entramado institucional del territorio es "altamente complejo" y sufre de una "elevada densidad". Hasta aquí nada sorprendente; convivimos a ojos vista, no sólo en Guipúzcoa sino en el resto de los territorios, con una multiplicación institucional y competencial que superpone gestos y gastos administrativos, lo que lejos de facilitar la gestión pública, la dificulta cuando no la desaprovecha por fragmentación. En fin, que, por seguir con el ejemplo inicial, este documento es como una analítica que señala que nuestro colesterol institucional está demasiado elevado.

El diagnóstico no es lo que sorprende -el sobrepeso de nuestra Administración es evidente-, sino la temporalidad de la receta contenida en ese informe, sus plazos. El documento considera "imprescindible que en los próximos años se someta a reflexión y debate social el modelo institucional y competencial". ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué "en los próximos años"? Con un diagnóstico tan claro y rotundo, y en medio de una crisis que exige el aprovechamiento máximo de los recursos, ese debate sobre la agilización de nuestro entramado institucional debería abrirse ahora mismo. Con el saludable objetivo de que nuestras instituciones se pusieran a una dieta competencial rigurosa, cuanto antes.

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