El Ayuntamiento despide al directivo imputado en el 'caso Mercasevilla'

El Ayuntamiento de Sevilla entregará el lunes la carta de despido al ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales. El gobierno municipal hizo pública ayer su intención de poner fin a la relación contractual de Ponce con Mercasevilla, según informa Europa Press. Lo contrario, habría permitido al imputado acogerse a partir de marzo del año que viene (cuando cumple 50 años) a una prejubilación negociada por él mismo en el ERE que aprobó la empresa en 2007, por la que cobraría en 15 años 865.000 euros.

La portavoz del gobierno municipal, Maribel Montaño, había afirmado el jueves que Ponce constituiría "un problema legal" si no había "sentencia firme" sobre los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número seis. De todas formas, Montaño recordó que, hasta ahora, su labor en la empresa eran "irrelevantes" ya que "fue destituido de sus funciones". El gobierno municipal prefirió ayer no valorar la destitución de Ponce hasta que la decisión no se le comunique al afectado el próximo lunes, el día en el que se le hará entrega de la carta de despido.

El PP considera que la decisión es un "triunfo político" de su partido

El que sí opinó sobre la destitución fue el PP. Su portavoz municipal adjunto y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, consideró el despido del ex director adjunto de la sociedad como "un nuevo triunfo político" de su partido, pero recordó los "ocho meses de indignidad" en los que el Gobierno municipal "ha consentido su continuidad". Según Pérez, los dos socios de gobierno (PSOE e IU) tenían firmado un "pacto de silencio" con Ponce para evitar que se conozca "la verdadera dimensión de este escándalo".

El caso Mercasevilla salió también ayer a relucir en el Comité Provincial del PSOE, en el que el concejal de Urbanismo de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidió a sus compañeros socialistas ir "de la mano". En una intervención, a petición propia, el edil admitió que el hecho de que la juez haya ordenado intervenir los sistemas informáticos de la Gerencia de Urbanismo constituye "un hecho que, sin duda, llama la atención del ciudadano".

Gómez de Celis señaló la necesidad de llegar "hasta las últimas consecuencias, sin que tiemble el pulso", y recordó que la Consejería de Empleo fue quien denunció el caso a la Fiscalía y que el Ayuntamiento llevó al juez una auditoría.