La asesoría jurídica a los mayores lleva suspendida siete meses

El Gobierno regional inauguró en febrero de 2003 una línea de teléfono para asesorar jurídicamente a los mayores de 60 años. Un hilo directo con el Colegio de Abogados madrileño que servía para resolver dudas sobre sus derechos (pensiones, herencias o arrendamientos). Seis años después, y con 8.000 consultas anuales, el servicio se suspendió el pasado marzo. De sopetón. Una escueta nota lo confirma en la web de la Consejería de Asuntos Sociales: "El Servicio de Orientación Jurídica se reanudará próximamente". Pero no parece que vaya a ser tan pronto.

La causa es un litigio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados. Un desacuerdo que comienza el pasado enero, cuando el Ejecutivo madrileño anunció que privatizaría el servicio, que saldría a concurso público, obligado por una nueva Ley de Contratos Públicos en vigor desde 2008. El colegio profesional recurrió la decisión y en este momento "está dilucidándose", según la Consejería de Asuntos Sociales. Los abogados madrileños consideran que se infringe un decreto de 2003 que deja claro que "estos servicios deben ser gestionados por los colegios profesionales".

Éste es el segundo conflicto abierto con los letrados madrileños

La consejería asegura que ha sustituido el teléfono para mayores por un cursillo de "conoce tus derechos" que se imparte en todas las residencias para mayores de la región. "En las 17 de Madrid lo va a impartir el Colegio de Abogados y en las 15 de otras ciudades la Asociación Española de Mujeres Juristas". Según una portavoz, los ancianos pueden aprovechar estas clases y "plantear sus dudas".

El PSM, a través de su portavoz en Servicios Sociales, Pilar Sánchez Acera, ha planteado una pregunta parlamentaria sobre la parálisis de este servicio.

"Casi 900.000 mayores de nuestra región se han quedado sin este servicio público y gratuito porque el Gobierno regional lo quiso privatizar. Al final los perjudicados son los ciudadanos mayores de 65 años de Madrid", afirma la diputada socialista. Sánchez Acera también anuncia que va a solicitar "la inmediata restauración de este servicio ciudadano".

Éste es el segundo conflicto abierto entre la Comunidad y el Colegio de Abogados, que a principios de mes se unió a las protestas de los abogados de oficio, a los que el Gobierno regional no paga desde principios de 2009.

El Consejo del Colegio de Abogados reclamó a la Consejería de Justicia el pago de los intereses de demora de la deuda que tiene con estos letrados -a los que debe 21 millones de euros por el trabajo de los dos primeros trimestres de 2009- y anunció que acudiría a los tribunales si no obtenía respuesta.