Dos años de espera por una multa

Si un ciudadano recurre ante la justicia una multa de tráfico, tendrá que esperar dos años hasta tener sentencia. Es una consecuencia de la situación de atasco en la que se encuentran los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona, que a finales del pasado año acumulaban 11.974 asuntos pendientes de resolución.

En Barcelona hay 17 juzgados de este tipo, son de ámbito provincial y resuelven toda clase de recursos contra decisiones muy diversas que dictan las administraciones y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos: desde una sanción de tráfico hasta un tributo, una licencia de edificación, la denegación de un permiso de residencia o trabajo a un extranjero o procesos de la responsabilidad patrimonial motivados, por ejemplo, por una caída en la vía pública por el mal estado de una acera o una deficiente asistencia sanitaria. Es decir, no es difícil que un ciudadano se encuentre con un pleito en esos juzgados.

La carga de trabajo supera con creces la que recomienda el Poder Judicial

Las demandas que llegan se tramitan por el llamado procedimiento ordinario o abreviado. El primero representa el 40% del total y es rápido, de forma que en cuestión de meses puede haber sentencia. Y si conviene por la urgencia del caso, hasta en cuestión de días. Los segundos pleitos, pese a su denominación, son más lentos, porque requieren la celebración de una vista y en ocasiones tienen una gran complejidad jurídica, como la anulación de un plan urbanístico de un Ayuntamiento. En ambos casos, el problema es el mismo: los jueces no dan abasto y desde que se cambió la ley, en 2003, no paran de entrar más asuntos cada año. Al acabar 2004, por ejemplo, sólo había 5.648 asuntos pendientes.

"Lo que hace falta no son más juzgados, sino más jueces que dicten más sentencias, porque la tramitación de muchos asuntos es relativamente rápida", explica Francisco González, titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Barcelona. "Esta jurisdicción está olvidada. Es tan peculiar que no necesita más personal ni más secretarios, como ocurre en otros juzgados. La solución es más barata y rápida que todo eso: solo faltan más jueces", remacha Montserrat Figuera, titular del Juzgado de lo Contencioso número 4. Desde hace años vienen reclamando más refuerzos y no se les ha hecho caso.

Tres de los 17 juzgados se pusieron en marcha en 2008 y eso supuso un ligero alivio, pero el tiempo de espera de dos años para celebrar el juicio en muchos casos no se ha reducido. Según cifras del decanato de Barcelona, el año pasado entraron una media de 648 asuntos, frente a los 726 del año 2007 y los 733 del año 2006, muy por encima de la carga máxima de 600 casos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial. El Departamento de Justicia cree que la situación se puede aligerar más este año y por ese motivo entiende que no está justificada la petición de más jueces de refuerzo al margen de los cuatro ya existentes, que dictan una media de 30 sentencias al mes.