La Generalitat deja a 46 jóvenes africanos sin tutela, contra la doctrina del Supremo

No son esporádicos los casos en que la Dirección de Atención a la Infancia (DGAIA) somete a los inmigrantes subsaharianos no acompañados que residen en sus centros de menores a pruebas médicas porque cree que son adultos. En los últimos cinco meses ha habido 52 afectados, dijo ayer el director del organismo, Xavier Soley. De ellos, 46 fueron declarados adultos y deberán abandonar los centros si no lo han hecho ya, a pesar de que algunos tenían pasaportes en los que constaban como menores. Para el organismo, esto prueba el creciente fraude con estos documentos, aunque no ha demostrado su falsedad. Para los abogados de los chavales, se trata de un atentado contra los derechos de los menores. Y citan la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apoyar su posición.

"Es una situación humanitaria difícil", admitió Soley ayer mientras una veintena de chicos se manifestaban ante las puertas del organismo, en parte jaleados por Convergència. Pero añadió que "los sistemas de protección a la infancia no pueden ser una grieta para regularizar a inmigrantes adultos en situación clandestina". Y añadió que para evitar esos "fraudes" hacen las pruebas "si hay una evidencia clarísima de discordancia" entre los documentos y el aspecto de los chicos.

Sus abogados les sugieren ahora que no se sometan al examen médico. Recuerdan que el Tribunal Supremo ha señalado en tres sentencias que "la maduración ósea de los individuos es más temprana en las poblaciones subsaharianas con relación a las poblaciones europeas". En una de estas sentencias, el tribunal desestimó un recurso de la Administración, que pretendía invalidar una reagrupación familiar por considerar adulto a un senegalés, que era menor según su pasaporte, después de someterlo a la prueba. Las dudas sobre la edad "quedan despejadas con la documentación aportada", falló el Supremo. También el Síndic de Greuges ha suscrito posiciones similares para criticar el proceder de la DGAIA, que "no coincide con las recomendaciones del Síndic", según Soley.

Los menores que no se hacen el examen, de hecho, son expulsados sin la prueba médica. Así que ahora se preparan para reivindicar lo que creen que son sus derechos ante los tribunales. El abogado Albert Parés asegura que ha presentado siete recursos. Dos ya están admitidos a trámite.

En todo caso, aseguró Soley, los expulsados se derivan a entidades de atención a adultos. Precisamente de eso se quejan algunas de ellas, como ACCEM. Su responsable catalán, Outaile Benabib, denuncia que han atendido a 14 expulsados en los últimos meses, pese a que sus servicios no están dirigidos a menores. La suya y otras entidades, asegura, se han quejado a diputados del Parlament y al Síndic tras constatar el aumento de estos casos.