Reforma innecesaria

El Gobierno presentó en el Congreso el pasado jueves la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años. El proyecto superó tres enmiendas a la totalidad de distinto signo, una presentada por el Partido Popular para endurecer el texto, otra por Izquierda Unida y ERC para suavizarlo y, finalmente, una tercera del PNV para, entre otras cosas, defender las competencias autonómicas en materia de inmigración que a su juicio vulneraba el texto del Gobierno. Los tres grupos que apoyaron el borrador -CiU, Coalición Canaria y BNG- coincidían con los argumentos de las enmiendas de la izquierda, pero aceptaron el compromiso del Gobierno de seguir negociando.

A medida que avanza en su tramitación, más se confirma que esta nueva reforma de la Ley de Extranjería es, sobre todo, innecesaria. El partido socialista se comprometió a llevarla a cabo para contrarrestar la deriva populista del PP en materia de inmigración, que, según los estrategas del Gobierno, estaba consiguiendo audiencia entre los electores. Pero de entonces a estos momentos, las circunstancias han cambiado de manera radical. La llegada de trabajadores extranjeros, tanto legales como ilegales, se ha reducido drásticamente en el último año como consecuencia de la crisis económica, por más que se sigan produciendo dramas como el naufragio de una patera junto al islote de Perejil, ocurrido ayer.

Pero esta reforma es también innecesaria por las correcciones a la baja que, por fortuna, están obligando a introducir los grupos parlamentarios con los que tiene que contar el Gobierno para superar los trámites parlamentarios. Del discurso de dureza desde el que se anunció la reforma, y que en parte motivó la sustitución de Jesús Caldera por Celestino Corbacho al frente de Trabajo, se ha pasado a rebajar el grueso de los aspectos más conflictivos del proyecto, dejándolos más o menos como estaban. La estrategia que pretendió el Gobierno de excusar el endurecimiento de la ley española en la Directiva europea del retorno, apoyada por los socialistas españoles en contra de su propio grupo en el Parlamento Europeo, no ha funcionado, tanto por el rechazo que provocó la norma comunitaria como por las necesidades del consenso.

Si algo exige el Estado de derecho en cualquier materia, y más en una tan sensible como el tratamiento de la inmigración, es la seguridad jurídica. Ocho reformas en cuatro años, sobre todo cuando únicamente se justifican por una insensata competencia electoral de los partidos democráticos en un terreno más propio de los populistas, sólo contribuyen a la confusión y a mantener permanentemente abierto el debate sobre la presencia de trabajadores extranjeros. Algo de mucho calado político ha quedado, sin embargo, patente: el Gobierno no tiene dificultades en compatibilizar un discurso izquierdista, muchas veces primario y elemental, con iniciativas de signo contrario, como las ligadas a la reforma de la Ley de Extranjería.