Embargos y bonobús en mano

"Somos la columna vertebral de los juzgados. Si una persona pone una demanda y no citamos, las partes no se enteran. Así de simple. Y los ciudadanos van a sufrir muchísimo". Iñaki Iriarte, agente judicial en Sevilla, avisa del perjuicio que produce haber cambiado el taxi por el autobús. Su jornada laboral y la de otros 64 funcionarios dio un vuelco hace dos semanas, cuando la Junta de Andalucía decidió darles un bonobús a cada uno para entregar notificaciones fundamentales, como embargos o lanzamientos (desahucios), por toda la capital andaluza. Con menor o mayor incidencia, el drástico recorte de gastos por la crisis afecta a los juzgados de las ocho provincias andaluzas.

Mapa con las rutas de autobuses y callejero en mano, agentes y oficiales recorren ahora las calles cargados con documentos de vital importancia. Los agentes y oficiales han reducido su ritmo de entrega en un 70% y sólo en Sevilla ya están pendientes de notificar más de 2.000 diligencias y 500 embargos. "Se ha atascado en un momento de crisis cuando todo el mundo presenta demandas. No sé si la Administración es consciente de que el perjudicado es el ciudadano, no se trata de nuestra comodidad", reflexiona la agente Trinidad López.

La medida ha hecho saltar la alarma entre jueces, fiscales y abogados, conscientes del perjuicio de los recortes. "Incluso un embargo de tres millones no se ha podido llevar a cabo", alerta Javier Carretero, juez decano de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Una columna de expedientes destinados a zonas con alta peligrosidad como las Tres Mil Viviendas crece día a día en una pared del Servicio Común de Notificaciones sevillano, a la espera de que la Junta decida si concede taxis para acceder a ellas.

Con la tijera del recorte, la Junta busca ahorrar dos de los tres millones que cuesta la factura en taxis al año, para destinar el dinero a crear 40 nuevos empleos. La consejera andaluza de Justicia, Begoña Álvarez, resalta el "cambio de cultura" necesario para tiempos de "austeridad" en un modelo que "lleva funcionando igual desde 1870".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado un informe al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, sobre la situación generada. Éste ya se pronunció ayer: "No se ha planificado lo suficiente como para crear rutas donde el servicio público colectivo sea posible".

Si hasta ahora cada agente entregaba 35 diligencias, ahora apenas superan las 15 cada día, entre transbordo y transbordo de autobús, en un servicio que atiende a 69 juzgados. "Nos llaman los secretarios de los juzgados de paz desesperados porque no tienen forma de notificar, pero por ahora estamos a la espera de una solución definitiva", detalla López.