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Uno de cada cinco pisos adjudicados en Sabadell presenta irregularidades

Al menos 17 de las 101 viviendas tuteladas en alquiler para ancianos construidas por el Ayuntamiento de Sabadell fueron concedidas a personas que no reunían los requisitos adecuados. Uno de ellos era no tener un piso en propiedad, y una investigación del grupo municipal de ICV-EUiA ha detectado 17 casos en los que no era así. Los beneficiarios procedieron a vender su vivienda tras lograr la concesión de una de las de alquiler. En siete ocasiones, según ha verificado la oposición en el registro de la propiedad, la venta se produjo tras a la ocupación de la vivienda tutelada.

El Ayuntamiento de Sabadell, cuyo alcalde es el socialista Manuel Bustos, construyó en 2003 y adjudicó en 2004 las 101 viviendas tuteladas situadas en Sant Oleguer. Son apartamentos de 40 metros cuadrados en régimen de alquiler. Para optar a ellos era imprescindible tener más de 65 años, acreditar la residencia en Sabadell en los dos últimos años (o cinco años en los últimos 10), no ser propietario o usufructuario de otra vivienda en la ciudad o de una pública en cualquier parte de España, tener ingresos para satisfacer los costes y que éstos no superaran 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, que es de 624 euros mensuales. El patrimonio personal no podía superar los 100.000 euros.

Al menos 17 beneficiarios tenían casa, pese a que se exigía carecer de ella

El grupo municipal de ICV sostiene que en la mayoría de los casos se han incumplido las condiciones exigidas y que ello se puede verificar en la cuestión relativa a la propiedad, ya que algunos beneficiarios vendieron o cedieron su vivienda después de ocupar el piso de Sant Oleguer. En el registro de la propiedad figura el acto de venta o donación a los hijos por parte del beneficiado en fechas inmediatamente anteriores a la ocupación del nuevo piso (no a la concesión), e incluso en fechas posteriores en siete casos. El grupo municipal de ICV sostiene que la venta de la vivienda se produjo por sugerencia del Consistorio, cosa que niega de modo categórico el concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez. "No nos consta ninguna irregularidad", afirmó ayer a este diario.

La oposición ha reclamado reiteradamente, siempre sin éxito, las listas de los solicitantes, las de los adjudicatarios y las de espera, para poder comprobar la idoneidad de las concesiones. Sánchez alega la ley de protección de datos para no hacer públicos los nombres de los beneficiarios. La portavoz municipal de ICV Carme García fue autorizada a ver los expedientes, siempre en presencia de empleados municipales. García sostiene que los criterios seguidos para las adjudicaciones son "muy aleatorios". El decreto exige un certificado del padrón para justificar la residencia, pero en algunos casos no consta.

Sant Oleguer es el primero de los conjuntos de viviendas tuteladas construidos por el Ayuntamiento de Sabadell. Hay otro, el de Can Rull, aunque no ha salido a concurso la adjudicación de sus 140 apartamentos, y un tercero, con 110 viviendas, previsto en la zona sur de la ciudad.

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