Barreda acepta mantener el trasvase para salvar el Estatuto

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, encallado en el Congreso desde la pasada legislatura, comienza a ver la luz. El Gobierno regional, del PSOE, ha ofrecido al PP retirar la fecha de caducidad del trasvase del Tajo al Segura, el punto irrenunciable para los populares. El consejero de Presidencia, José Valverde, explicó ayer a este diario que "la única base previa para el acuerdo es que el Estatuto garantice agua suficiente para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha" y aceptó aprobarlo "sin que aparezca algo que afecte a otras comunidades para que nadie se sienta atacado", en referencia a la caducidad del trasvase en 2015, a la que se oponían Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Ejecutivo que preside el socialista José María Barreda piensa en fórmulas como la del Estatuto de Aragón, aprobado por unanimidad y en el que la comunidad se reserva 6.000 hectómetros cúbicos de agua para su uso exclusivo. Cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu. En la práctica ese pacto es papel mojado y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dicho al Ejecutivo aragonés que no puede aplicarlo porque los grandes embalses están fuera de la comunidad y la cuenca del Ebro incluye a nueve comunidades autónomas.

En Castilla-La Mancha sería más fácil aplicarlo ya que está en la cabecera de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar y se podría asignar alguna cantidad a los embalses de cabecera. En 1999, el Gobierno de José María Aznar pactó con el de José Bono una reserva de 240 hectómetros para la comunidad en los de la cabecera del Tajo.

El Gobierno regional considera que si se aumenta esa reserva estratégica, se duplica el caudal ecológico en Aranjuez y aumenta el caudal destinado a abastecimiento a Madrid y la llanura manchega (en la cuenca del Guadiana) quedará poca agua para trasvasar sin necesidad de incluir la caducidad en 2015 en el Estatuto.

Cambio climático

La revisión de las demandas y caudales del Tajo se tramitan en el plan de cuenca. Sólo duplicar el caudal ecológico en Aranjuez -como estudia la Confederación del Tajo- y aumentar el abastecimiento a Madrid y a la cuenca del Guadiana detraería 200 hectómetros del trasvase. La ley permite trasvasar hasta 600 hectómetros al año, pero esa cifra es irreal. Sólo una vez, en 2000, se alcanzó. La entrada de agua en los embalses de los que parte el trasvase se ha desplomado en las últimas décadas y las previsiones dicen que caerán aún más por el cambio climático.

"Creemos que el trasvase es insostenible porque hay poca agua y hay que reforzar el caudal ecológico", explicó Valverde, que criticó que Murcia apruebe desarrollos urbanísticos enormes "a costa del agua de otra comunidad que, además, la necesita". "El trasvase debe limitarse a agua para beber", no para regadío, concluyó. Con esta postura, el Ejecutivo de Barreda también da una salida al Gobierno central, que no quería fijar por ley una fecha de caducidad del trasvase aunque sí acepta aumentar la dotación del Tajo para Castilla-La Mancha y Madrid. Los socialistas de Murcia y la Comunidad Valenciana se oponían frontalmente a poner una fecha límite al trasvase.

El PP eludió ayer comentar la oferta. El diputado por Toledo Arturo García Tizón aseguró que opinará cuando reciba una propuesta formal. El Estatuto suponía un embrollo para la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, candidata del PP a presidenta de Castilla-La Mancha. En las Cortes regionales, Cospedal apoyó el texto que incluía la caducidad del trasvase pero luego en el partido se impusieron las tesis de los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, y los populares se opusieron a ponerle fin al trasvase. Cospedal procura eludir la cuestión de cómo el partido del que ella es la número dos se opone a lo que ella votó en su comunidad.