El juez confirma que Ibarrondo prevaricó en los chalés de Ali

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria ha condenado al ex concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación para ocupar un cargo público por un delito de prevaricación urbanística. La sentencia considera probado que el ex edil permitió construir siete chalés en una parcela en el concejo de Ali que sólo tenía superficie legal para seis. Ibarrondo ha sido además condenado a 9.000 euros de multa y al pago de las costas, las dos únicas cargas a las que tendrá que hacer frente, ya que hace dos años que decidió abandonar la política, después de ocho (1999-2007) al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria.

El denominado caso Ali se remonta a 2003, cuando la constructora Salgado Iglesias, S. A. presentó un proyecto de urbanización de chalés en dicha zona de la capital alavesa. Ibarrondo está acusado de haber cambiado el dictamen de Urbanismo contra el criterio de los técnicos municipales que, al menos en dos informes, avisaban de que no se podían construir más de seis chalés. La parcela, según el catastro, no alcanzaba los 2.000 metros cuadrados preceptivos que permitiesen una vivienda unifamiliar más.

El Ayuntamiento debe decidir ahora si ordena el derribo de la casa ilegal

Pero el entonces concejal de Urbanismo se escudó en una documentación presentada por la constructora Salgado Iglesias, S. A. que estimaba las dimensiones del terreno en 2.160 m2, y otorgó la licencia urbanística para ese séptimo chalé, que ya se había levantado en junio de 2005. Ibarrondo señaló ante la jueza que siempre actuó de buena fe.

La sentencia asume como veraces los testimonios de los técnicos del Ayuntamiento, que reconocieron en el juicio que no habían tenido conocimiento de esa licencia hasta finales de 2006. En aquellas fechas fue cuando se destapó el escándalo de la mano del único concejal de EA, Antxon Belakortu, quien convenció al resto de la oposición (PSE, PNV y EB) de la existencia de irregularidades. Comenzó entonces un proceso político-judicial que llevó a Ibarrondo a abandonar la vida pública y al enrarecimiento de la actividad municipal en Vitoria.

Eso sí, la sentencia reconoce que no hay ningún indicio de contraprestación por parte de la constructora para con Ibarrondo, quien, como no posee antecedentes penales, ha recibido la condena mínima para el delito de prevaricación urbanística. Asimismo, el escrito definitivo del Juzgado número 2 de lo Penal decreta la nulidad de la licencia concedida, pero no ordena el derribo de la casa, asunto que deja en manos del Ayuntamiento de Vitoria.

El PP salió ayer en defensa de su militante, nada más conocerse la noticia. En una nota de urgencia, defendió su inocencia y anunció que presentará recurso de apelación, tal y como permite la sentencia "en el plazo de diez días". El equipo de gobierno, por su parte, mostró su "respeto escrupuloso" a las decisiones judiciales. Y José Navas, portavoz del EB, único partido que ha mantenido la acusación particular (PNV, PSE y EA la retiraron), manifestó ayer "su tristeza porque un concejal de Vitoria ha sido condenado por prevaricación, situando nuestra ciudad en una lista poco agradable de municipios manchados por la corrupción urbanística". Asímismo, elogió la actitud mostrada por los técnicos municipales "a pesar de las presiones sufridas".