El fiscal no actuará cuando haya consultas independentistas
La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, ha ordenado a todos los representantes de esta institución que se abstengan de incoar diligencias contra las asociaciones privadas que convoquen consultas populares sobre la independencia de Cataluña, así como contra las personas que participen.
En una instrucción dirigida ayer a los cuatro fiscales provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la fiscal superior también precisa que si algún juzgado de Cataluña abriese diligencias por la celebración de esas consultas, la fiscalía solicitará el archivo. Compte recuerda que esa instrucción no implicará la pasividad del fiscal si los partidarios o los detractores de la consulta utilizan la violencia.
La orden de la fiscal superior tiene su origen en la polémica política suscitada en los últimos días a partir de la consulta soberanista de Arenys de Munt (Maresme) que se celebrará el próximo domingo en unas dependencias privadas después de que el juzgado anulase el acuerdo del pleno municipal apoyando la iniciativa soberanista. A raíz de esa polémica, varios ayuntamientos de Cataluña han anunciado que promoverán consultas similares, aunque el Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha considerado que no se ajustan a la Constitución porque invaden competencias exclusivas del Estado.
La fiscal Teresa Compte recuerda que la consulta de Arenys de Munt será "simplemente simbólica" y "sin contenido ni participación orgánica ni institucional". Así las cosas, la fiscal superior anuncia que no actuará en ese caso, pues el Código Penal no tipifica la convocatoria de consultas populares.
La instrucción recuerda que en 2003, cuando gobernaba el PP, el Código Penal tipificaba como delito la conducta de la autoridad o funcionario público que convocara procesos electorales o consultas populares mediante referendos. También se consideraba delictiva la actuación de las personas que facilitasen o asegurasen la celebración de esas consultas.
Aquellos dos artículos se introdujeron para frenar la consulta soberanista impulsada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, pero fueron derogados con la reforma de 2005 impulsada por el Gobierno del PSOE. Al final, además, el Tribunal Constitucional acabó declarando inconstitucional la consulta del Gobierno vasco, que no llegó a celebrarse.
