La Audiencia insta al Ejecutivo a reformar la entrega de etarras

La Audiencia Nacional ha decidido instar al Gobierno a que durante el turno de presidencia española de la Unión Europea promueva entre los países de la UE una reforma de la legislación para ampliar y simplificar la entrega de terroristas. La decisión ha sido adoptada en el marco de las pesquisas realizadas por la Audiencia en relación con la fuga de la etarra Maite Aranalde, a la que un error burocrático en París permitió quedar en libertad bajo fianza de 12.000 euros, lo que facilitó que pudiera fugarse.

Hasta ahora, debido a las suspicacias entre los distintos países, sólo se puede juzgar a los delincuentes entregados por aquellas causas para las que el país de origen haya accedido a la entrega. La Audiencia pretende que se eliminen esas suspicacias y que en lugar de enviar al país en el que se encuentra el terrorista tantas solicitudes como causas pendientes tenga en el país que le reclama, se emita una única petición que sirva para procesarle y juzgarle por todos los hechos en los que esté imputado.

El ministro de Justicia, contrario a revisar el alcance de las euroórdenes

La medida sería un gran avance en la lucha contra el terrorismo, pero es difícil que prospere, puesto que algunos Estados consideran que otras naciones no son tan escrupulosas como ellos en la defensa de los derechos de los detenidos y de los derechos humanos.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, declaró ayer a Efe que no es partidario de reformar el procedimiento de las euroórdenes porque están funcionando muy bien con su regulación actual y, por tanto, no hay por qué cambiarlo.

En relación con la fuga de la etarra Aranalde, la Sala de Gobierno estudió detenidamente todos los pormenores del caso y las resoluciones adoptadas por los jueces Eloy Velasco, Ismael Moreno y Baltasar Garzón y concluyó que "la tramitación legal fue correcta".

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, descartó que hubiera habido negligencia y señaló que se había cumplido escrupulosamente la ley en el sistema de recursos. Por ello, la Sala de Gobierno tomó conocimiento de los hechos, pero no abrirá diligencias.

El juez Eloy Velasco, además de la fianza de 12.000 euros, impuso a la etarra la obligación de presentarse semanalmente en comisaría y otras medidas cautelares. El hecho de que la fiscalía hubiera solicitado en su recurso la modificación de las medidas cautelares se considera irrelevante, puesto que formaba parte del recurso en el que se reclamaba la prisión, y la revocación ya la hizo Garzón. No era posible reformar antes el auto de Velasco, según Juanes, porque la ley de Enjuiciamiento Criminal concede un plazo de tres días a las partes para realizar alegaciones, como así se hizo.