La policía catalana se despliega ahora para frenar la prostitución en el Raval
El tripartito reabre el debate sobre si se debe regular o no el sexo de pago
Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana lanzaron anoche un despliegue en el barrio del Raval de Barcelona para tratar de poner coto a la prostitución, que se ha adueñado de la zona, con calles en las que se practicaba sexo al aire libre. El despliegue se prolongará durante varias semanas, según fuentes del Departamento de Interior, y aunque no deja de ser un parche, al menos pone fin a la inactividad de las administraciones, que había sido duramente criticada por vecinos y comerciantes.
El objetivo del dispositivo conjunto es permitir que los policías locales castiguen con mayor eficacia las infracciones a la ordenanza de civismo, cuya aplicación se ha relajado en los últimos meses. Los responsables del despliegue esperan que la abultada presencia policial sirva para disuadir a prostitutas y clientes.
El Ayuntamiento de Barcelona mantuvo ayer sus críticas a la Delegación del Gobierno por no resolver los procedimientos de 683 prostitutas en situación irregular entregadas por la Guardia Urbana al Cuerpo Nacional de Policía. Menos del 1%, afirmó el Ayuntamiento, fueron finalmente expulsadas, mientras el resto volvió a las calles en pocas horas. "Nosotros no ejecutamos órdenes de expulsión", afirmó la concejal de seguridad, Assumpta Escarp.
"Pero la prostitución no es delito", insistió Escarp, para sugerir a continuación la necesidad de asumir que se trata de "un debate abierto. España tiene que decidir cómo quiere tratar este asunto. Desde luego, no se puede hacer con la ordenanza municipal", dijo.
Menos sanciones
Los datos, sin embargo, tampoco dejan en buen lugar al Ayuntamiento, que cada año impone menos sanciones a prostitutas y clientes en cumplimiento de la ordenanza de civismo de 2006. Si ese año se impusieron 5.080 (13,9 al día), en 2008 apenas eran 5,7 diarias. Menos aún entre junio y agosto de este año, cuando la cifra se había desplomado hasta 1,7 al día.
Mientras, las fotos publicadas el martes por este diario han reabierto el debate de los partidos sobre la conveniencia o no de legalizar la prostitución. Los tres socios del tripartito incluyeron en el Pacto del Tinell en 2003 la regulación de la prostitución, hasta el punto que la actual consejera de Justicia, la socialista Montserrat Tura, impulsó un proyecto de ley. Pero el tema quedó aparcado en el segundo mandato del tripartito. El asunto fue debatido el martes en la reunión del Consell Executiu. El PSC está, de entrada, en contra de la regulación de la prostitución y opta por abolirla, mientras ICV y ERC están a favor.
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