La sentencia final de Luxemburgo sobre los incentivos fiscales se leerá el día 9

El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo ya ha comunicado a las partes que el próximo día 9 dará lectura pública a la sentencia que dilucidará, después de una larga década de litigios, si los polémicos incentivos fiscales que las diputaciones concedieron a las empresas entre 1993 y 1996 eran o no ilegales. Se maneja la cifra de unas 300 empresas afectadas, y cerca de 1.600 millones de euros en ayudas. Un listado que ya tiene la Comisión Europea.

La resolución dará carpetazo a los recursos planteados por las tres diputaciones forales y la patronal Confebask contra las diversas resoluciones del Tribunal Europeo, que en primera instancia ha ido calificando aquellos incentivos de ilegales. El juicio se celebró en enero de 2008 durante tres días y el tribunal acumuló entonces en una sola causa los tres expedientes. De hecho, se celebraron tres vistas en tres días consecutivos.

Las diputaciones aseguran que las empresas ya han devuelto el dinero

La primera de las ayudas cuestionada eran las llamadas vacaciones fiscales aprobadas en 1993 y que estuvieron en vigor durante dos años. Implicaban una exención del Impuesto de Sociedades durante una década para las empresas nuevas que invirtiesen más de 480.810 euros y crearan al menos 10 empleos.

La segunda ayuda en discusión era el crédito fiscal. Aprobado en 1996, permitía recuperar vía Impuesto de Sociedades el 45% de las inversiones realizadas que superasen los 15 millones de euros. Y la última eran las minivacaciones fiscales. Aprobadas en 1996, establecieron para las nuevas empresas deducciones sucesivas del 99%, 75%, 50% y 25% de ese impuesto desde el primer año con beneficios.

La próxima lectura de la resolución, después de tantos años de litigios, ha generado cierta inquietud en las empresas vascas que recibieron aquellas ayudas. Aunque las diputaciones aseguran que las ayudas ya han sido devueltas, expertos en el proceso dudan de que haya sido así.

De hecho, en junio de 2007 con la sentencia de primera instancia en la mano, la Comisión Europea reclamó a España que urgiera a las empresas la devolución de las ayudas, y además le exigió que se remitiera a Bruselas la información con las sociedades beneficiadas en cada territorio, con las cuantías correspondientes.

Un año después, y ante la inacción de las diputaciones, la Comisión dio un ultimátum a las diputaciones para que aclararan la situación de las empresas beneficiarias de aquellas ayudas, ante la sospecha de que seguían sin recuperarse. El listado ya está en manos de la Comisión Europea.

Así las cosas, la principal consecuencia de la lectura de la sentencia es que, si finalmente el Tribunal ratifica la tesis que ya sostuvo en primera instancia, las diputaciones forales deberán demostrar que las empresas ya le han reintegrado unas ayudas que recibieron durante la crisis de los años 90. En 1993, cuando la economía aún no se había recuperado de la reconversión de la década anterior, la tasa de paro ascendía al 19,9% y tardó seis años en colocarse en el 17,8%.

Los gobiernos de las comunidades limítrofes, especialmente el de La Rioja, han sido los principales impulsores de los procedimientos contra las ayudas forales, suprimidas en 2000. Sus argumentos eran que atentaban contra las regulaciones de la competencia, al ser selectivas -es decir, se concedían a determinadas empresas y sectores- y no se comunicaron previamente a Bruselas.

La entrada de la patronal vasca Confebask en el proceso fue delicada, ya que la Comisión intentado echarle de él alegando que no había acreditado los nombres de las empresas asociadas que se habían visto afectadas por el caso.

Representantes de las tres diputacioness, de la patronal y del Gobierno vasco viajarán a Luxemburgo para escuchar de viva voz la resolución del tribunal, que ninguna de las partes cree que cambiará sustancialmente respecto de la de primera instancia.