La crisis reaviva la batalla del alquiler

La Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a disponer de una vivienda digna. ¿Ello implica que sea en propiedad? Ése es el recurrente debate de los últimos años en la sociedad vasca, sobre todo, a medida que las viviendas de protección oficial (VPO) se han convertido para buena parte de la población en la única posibilidad de acceder al mercado inmobiliario a medida que ha ido avanzando la crisis económica. Euskadi es la comunidad donde más pisos protegidos se construyen (el 40% del total de las casas que se edifican), y el hecho de que la mayor parte se entregue en propiedad despierta recelos y no parece el criterio socialmente más justo.

El debate sobre si las promociones públicas deben ser íntegramente en régimen de alquiler o no volverá al Parlamento con el nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones estivales. UPyD ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que todos los pisos protegidos sean en alquiler y se dediquen a los jóvenes y a los ciudadanos con menos recursos. A ello añade que sean revisables temporalmente, es decir, que la Administración revise el nivel de ingresos de los inquilinos de forma periódica y les suba la renta si sus recursos económicos han aumentado.

El Ararteko y el Consejo de la Juventud apuestan por el arrendamiento

El Gobierno se fija como objetivo llegar al 40% de la vivienda en alquiler

El parlamentario de UPyD Gorka Maneiro justifica su propuesta porque en muchas ocasiones "las circunstancias económicas y familiares" de las personas que han conseguido un piso protegido en propiedad en un sorteo "cambian a los pocos meses o años, produciéndose situaciones de verdadera injusticia social, donde los propietarios han dejado de pertenecer a la parte más débil de la sociedad y ahora tienen recursos suficientes".

El caso protagonizado el pasado junio por la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez, a quien le correspondió en un sorteo un piso protegido en Amurrio pese a que su sueldo actual supera los 67.000 euros anuales, más del doble de los ingresos máximos fijados para optar a él, sacó a la luz las disfunciones del sistema de adjudicación. Cuando la parlamentaria peneuvista se presentó al sorteo no cobraba ese sueldo. Sáez renunció finalmente a la vivienda.

Un cambio en la estrategia administrativa, entregando todos los pisos en alquiler y revisando las rentas de forma anual evitaría estas situaciones. Eso es lo que cree Maneiro, cuya iniciativa respaldan Aralar y EB.

El objetivo del Gobierno vasco pasa por construir 40.000 pisos protegidos hasta 2013, de los cuales 16.000 serían en alquiler, es decir, un 40%. Ese porcentaje mejoraría el que ha registrado Ezker Batua, que en los últimos ocho años ha dirigido la cartera de Vivienda. El actual titular de esta consejería, Iñaki Arriola, considera que construir el 100% de pisos para alquiler resulta insostenible en la coyuntura actual, ya que la Administración no dispone de recursos suficientes como para mantener ese parque sin recibir los ingresos que hasta ahora obtiene por la venta en propiedad de la VPO.

Por eso, el PSE ha planteado una enmienda de totalidad a la iniciativa de UPyD. Jesús Loza, parlamentario socialista responsable en su grupo de cuestiones relacionadas con la vivienda, postula que el Ejecutivo "incremente progresivamente" en sus promociones el porcentaje de pisos destinados al alquiler. Y aboga porque el Gobierno negocie con todos los agentes implicados un gran pacto "en el que figure de manera central" la apuesta por el alquiler protegido, "siempre dentro de parámetros de sostenibilidad, tanto medioambiental como económica".

Diferentes instituciones, desde el Ararteko hasta el Consejo de la Juventud de Euskadi recuerdan a la Administración que el derecho a una vivienda digna no equivale a ser propietario.