No empadronados

Las recientes protestas protagonizadas por vizcaínos veraneantes en la costa cántabra, en relación con la subida del IBI y las tasas de basuras, han abierto un debate sobre la discriminación que en muchos municipios sufren los no empadronados a la hora de acceder a determinados servicios. Ahora que la cuestión de la financiación autonómica parece estar encarrilada por el Gobierno, tan sólo falta que se solucione el problema de la armonización local para que, como le gusta decir al PP, los españoles tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional.

Y es que se ha convertido en norma la costumbre de numerosos ayuntamientos de cobrar de más, en ocasiones hasta el doble, a los no censados por el disfrute de determinadas prestaciones. Un ejemplo son las piscinas municipales. Muchos son ya los consistorios que tienen el bonito detalle de exigir una tasa especial (más cara) a los forasteros para obtener el abono veraniego. El no empadronado es también el último de la fila si por motivos laborales o de otra índole desea que sus hijos acudan a un centro escolar ubicado en una ciudad diferente a aquélla en la que residen.

El problema es que todos ostentamos la doble condición de censados en una localidad y no censados en el resto. Naturalmente, el dispositivo automático de barrer para casa que llevamos dentro nos impide protestar por el hecho de que al vecino del pueblo de al lado se le pida un mayor desembolso por usar nuestro polideportivo o deba abonar la OTA en el aparcamiento playero, mientras a mí me sale gratis. Eso sí, me sabe fatal recibir el mismo trato cuando acudo a otros lugares, normalmente en vacaciones.

Es curioso que con todo lo que se ha dicho y escrito en relación con las supuestas desigualdades creadas por el Estado de las Autonomías -y en esto a los vascos siempre nos han señalado con el dedo-, apenas se hable de las discriminaciones existentes entre los habitantes de unas urbes (donde no hay nada de nada) y otras pródigas en todo tipo de servicios.

Resulta inexplicable para quien habitualmente asume el papel de foráneo tener que pagar los mismos o más impuestos que el autóctono y no tener el mismo acceso al deporte o a la educación. Además, los fondos con los que se construyen las infraestructuras llegan sobre todo de instituciones supramunicipales, y éstas no exigen un mayor aporte fiscal a los futuros usuarios de las mismas.

Si se supone que todos los ciudadanos de un Estado tienen que tener los mismos derechos, lo que se impone es suprimir, por ley, el apartheid al que muchos municipios someten a los no registrados a la hora de utilizar el frontón, aparcar o acudir a clase de piano. Parafraseando a Thomas de Quincey, se empieza cobrando de más al no empadronado por bañarse en la piscina pública y se le termina condenando a viajar en los últimos asientos del autobús o a no poder sentarse en los bancos del parque.