Los recortes de la Xunta eliminan personal de refuerzo en los juzgados
Presidencia no renovará los contratos pese al aumento de causas por la crisis
La austeridad y el "agujero del bipartito" otra vez como argumentos. El resultado en la justicia: la no renovación de los contratos a los funcionarios que trabajan como refuerzo en los juzgados. La Consellería de Presidencia, que dirige Alfonso Rueda, se lo comunicó ya formalmente a los sindicatos a finales de julio en la última reunión de la mesa sectorial: no se renovará ninguno de los contratos eventuales que expiren el 31 de agosto.
Tras el verano, ese personal no volverá a sus puestos a la espera de que la Xunta concluya un estudio que pretende "analizar caso por caso" las necesidades de cada sala. En septiembre el director general de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín Álvarez, volverá a reunirse con las centrales sindicales para avanzar en las negociaciones. Entretanto, decenas de jueces perderán a los funcionarios de refuerzo asignados en los últimos años para hacer frente al colapso de causas que se acumulan en las salas. Magistrados consultados por este diario sostienen que la medida retrasará todavía más su actividad en un contexto de crisis que ha disparado el número de litigios. Y lamentan que, en el mejor de los casos, si la Xunta mantiene los refuerzos, se perderá la experiencia del personal que ya conoce el juzgado en que trabaja.
La decisión amenaza a 144 funcionarios con contrato eventual
Las explicaciones que el Gobierno ha dado a los jueces aluden a "la situación económica de la Xunta". La Consellería de Presidencia prefirió ayer hablar de "eficiencia" en lugar de ahorro. Antes de que la Dirección Xeral de Xustiza adoptase esta medida, 144 funcionarios interinos, el 5% de los 2.500 que conforman la plantilla de los juzgados en Galicia, venían desempeñando esas labores de apoyo, si bien no todos acaban su contrato en verano. Las reivindicaciones de los sindicatos persiguen la creación de nuevas plazas que pongan fin a tanta provisionalidad. Concluyen que las necesidades son permanentes y no coyunturales y subrayan que la actual plantilla es exigua e impide garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Fuentes conocedoras de la negociación confirman que la Consellería de Presidencia no se opone a ampliar el catálogo de funcionarios, más teniendo en cuenta que la creación de plazas debe sufragarla, vía comisión de transferencias, el Gobierno central. La medida, siempre que el Ministerio de Justicia acepte crear esas nuevas plazas, permitiría a la Xunta ahorrarse los salarios del personal de refuerzo. La decisión final le compete a la comisión mixta de Justicia donde está representados además de la consellería, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Mientras, los litigios derivados de la crisis amenazan con colapsar definitivamente los juzgados. Según datos de UGT, las vistas por despidos en las salas de lo social han aumentado un 80% en el último año, los procesos concursales (antigua suspensión de pagos), un 90%, y en idéntico porcentaje se han incrementado las ejecuciones hipotecarias. También en las salas de lo penal, los juicios rápidos por delitos relacionados con el tráfico aumentaron un 40% los procesos judiciales.
Pese al aumento exponencial de las demandas que se acumulan en la judicatura, para septiembre la Xunta también ha anunciado una revisión "una a una" de las prolongaciones de jornada que venían realizando los funcionarios de justicia. Como es costumbre cada verano, las horas extras están suspendidas desde julio, salvo en las unidades especializadas en violencia de género y los registros civiles y, según explicó ayer Presidencia, "en aquellos juzgados que lo solicitaron".
El PSdeG, a través de su diputada Beatriz Sestayo, culpó a la nueva Xunta de "poner en jaque" a la justicia. La parlamentaria socialista denunció que "continúan los incumplimientos del PP que justo después de la campaña se olvidó de su promesa de crear una Consellería de Xustiza". En contra de las explicaciones del Gobierno gallego, Sestayo aseguró que hay juzgados de violencia de género "que tienen sólo un funcionario para atender todos los trámites".
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