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El Gobierno vasco pide el boicoteo de los locales con propaganda etarra

Interior confía en que los ayuntamientos nieguen licencia a las 'txoznas' radicales

"Tenemos que estar unidos para acabar cuanto antes con la falsa normalidad de Euskadi". El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, afirmó ayer que ha llegado el momento de desterrar la apología del terrorismo después de varias décadas de obligada convivencia con la propaganda de ETA en las calles y con quienes la exhibían, sin que ello acarreara ningún tipo de sanción, ni administrativa ni judicial.

Después de dos meses, julio y agosto, en los que la Ertzaintza se ha enfrentado a fondo a la izquierda abertzale para retirar toda esa simbología de sus feudos en las capitales vascas, los cascos antiguos, y de numerosos pueblos, el consejero de Interior hizo ayer un llamamiento a toda la sociedad, a las instituciones y a los partidos políticos para multiplicar la efectividad "contra la impunidad", poniendo en marcha una campaña coordinada en todos esos frentes.

Pese a las críticas que está recibiendo de los partidos nacionalistas EA y Aralar, y de algunos dirigentes del PNV -como el presidente de Guipúzcoa, Joseba Egibar, poniendo en duda la "proporcionalidad" de las actuaciones policiales-, Ares se dirigió de manera especial a los ciudadanos que, "desgraciadamente", se han podido acostumbrar a la simbología etarra y les pidió directamente que hagan boicoteo a los locales que la muestran. "Les pido que no se dejen vencer por la resignación y la apatía, y que pasen de largo, que no entren en establecimientos que exhiban imágenes que enaltecen a los asesinos o los que amenazan a esta sociedad", les emplazó.

Las actuaciones de la Ertzaintza contra quienes hacían apología de ETA han sumado 125 en lo que va del verano, con 23 detenidos por sabotaje y enaltecimiento del terrorismo y 86 más imputadas por exhibir símbolos de ETA.

Pero el consejero de Interior fue un poco más allá y emplazó también a los ayuntamientos vascos a que revisen las ordenanzas municipales para impedir la concesión de licencias a los locales y bares festivos que han sido instrumentalizados para defender postulados de partidos ilegalizados o para hacer homenajes a presos condenados por actividades terroristas. Una demanda que será estudiada esta misma semana en la reunión que Interior va a mantener con la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, que dirige el alcalde del PNV de Tolosa, Jokin Bildarratz, y que ha sido retrasada en un par de ocasiones. Para Interior, se trata de dar una respuesta global para lograr definitivamente que "quienes defienden a los que recortan los derechos de miles de ciudadanos vascos con sus asesinatos, chantajes y amenazas", no tengan ningún espacio público. El Gobierno vasco confía ahora en que, tras las acciones policiales, los jueces apliquen las sanciones económicas y penales que corresponden a las tipologías delictivas aplicadas.

Ares va a comparecer en el Parlamento vasco, a petición propia, para explicar las actuaciones de la policía y lograr un acuerdo institucional en torno a esta estrategia como el que ya se concitó en junio de 2008 en torno a la Ley de Víctimas, aprobada por todos los partidos salvo por los herederos de Batasuna. En el artículo cuarto de esa ley y bajo el epígrafe de "Dignidad" se emplaza a los alcaldes a retirar toda la simbología terrorista.

López 160 atestados, Ibarretxe 14

La diferencia salta a la vista. El viceconsejero de Seguridad, Rafael Iturriaga, explicó ayer que en los meses de julio y agosto la Ertzaintza ha remitido a la Audiencia Nacional 160 atestados relacionados con actos de enaltecimiento del terrorismo, frente a 14 del año pasado, cuando era lehendakari Juan José Ibarretxe. Once personas fueron detenidas y 21 imputadas por esos hechos.

Los actos de kale borroka

ascendieron a 24, casi los mismos que en 2008. Doce personas fueron detenidas por esos hechos y 15 fueron imputadas este año. En esos dos meses fueron convocadas un total de 1.056 manifestaciones y concentraciones, de las que 460 estaban organizadas "directa o indirectamente" por los radicales. De éstas, 11 fueron prohibidas y otras 33, modificadas en su horario o trazado. La Ertzaintza también abrió 25 expedientes por no haberse atendido estas alteraciones.

Ares agradeció a la mayoría de los alcaldes de Euskadi su colaboración. Sin embargo, al de Gernika, José María Gorroño, de EA, que cuestionó la disolución por la Ertzaintza de una manifestación prohibida por la Audiencia Nacional, o al presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, les preguntó si proponen que la Ertzaintza haga dejación de sus funciones. "Egibar tiene que escuchar más a alcaldes de su partido como el de Lekeitio o el de la gestora de Ondarroa, acosados por los violentos, o al de Bilbao, que a sus amigos los radicales", le dijo.

El alcalde de Gernika, José María Gorroño, reiteró ayer que la actuación de la Ertzaintza le sigue pareciendo "desproporcionada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de agosto de 2009

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